España requerirá a los visitantes provenientes de “países de riesgo” con alta incidencia del nuevo coronavirus una prueba PCR negativa de menos de 72 horas, a partir del 23 de noviembre, anunció el Ministerio de Sanidad. Se trata de pasajeros que entren a ese país por vía aérea o marítima procedentes de 28 países de la UE -como Alemania, Francia, Italia y Portugal- y de 37 terceros países -Marruecos y Reino Unido.
Todo pasajero procedente de uno de esos países tendrá que garantizar que “dispone de una PCR negativa realizada en las 72 horas previas a la llegada a España”, y las autoridades podrán solicitarle “la acreditación del resultado de la prueba” en cualquier momento, señaló un comunicado del ministerio.
“Las agencias de viaje, los operadores turísticos y las compañías de transporte aéreo o marítimo (...) deberán informar a los pasajeros”, de este nuevo requerimiento, apuntó.
Hasta ahora, los viajeros internacionales debían rellenar un cuestionario de salud antes de entrar a España y someterse a un control de temperatura.
Para determinar los “países de riesgo” dentro de Europa se seguirán los criterios aprobados por la Unión Europea, que toman en cuenta la incidencia acumulada del virus en catorce días, la tasa de positividad de los test y la cantidad de pruebas realizadas por 100.000 habitantes.
Para países terceros, la decisión se basará en la incidencia acumulada en catorce días. Esta disposición responde a una recomendación europea que busca uniformar las medidas tomadas por los diferentes países de la UE, indicó el ministerio.
En momentos en que la segunda ola de la pandemia golpea a Europa, Grecia solicita una PCR negativa para poder ingresar en su territorio, Italia la exige a los visitantes de ciertos países, mientras que Francia realiza test rápidos en aeropuertos a pasajeros llegados de países no europeos.
Por lo tanto, en el caso de la UE o Espacio Económico Europeo el criterio de inclusión es ser zonas de riesgo de color rojo o gris y son los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Chipre, Croacia, Dinamarca (excepto las Islas Faroe y Greenland), Eslovenia, Estonia, Francia, Grecia (excepto las regiones de Kitri, Ionia Nisia, Dytiki Ellada y Sterea Ellada, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega (excepto las regiones de Rogaland, Møre og Romsdal, Nordland, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder, Vestland, Trøndelag y Troms og Finnmark), Países Bajos, Polonia, Portugal (excepto la región autónoma de las Isla Azores), Rumanía, Suecia, Liechtenstein y Eslovaquia.
En cuanto a terceros países y zonas, el criterio de inclusión es tener una incidencia acumulada superior a 150 por 100.000 habitantes en 14 días. En ese listado se encuentran Albania, Andorra, Argentina, Armenia, Aruba, Bahréin, Belice, Bosnia y Herzegovina, Cabo Verde, Colombia, Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Federación Rusa, Georgia, Gibraltar, Guam, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Macedonia del norte, Marruecos, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Palestina, Panamá, Polinesia Francesa, Puerto Rico, Reino Unido, San Marino, San Martín, Serbia, Suiza, Túnez y Ucrania.
Durante la primera ola, España ya se situó entre los países europeos más castigados por la pandemia, que consiguió controlar con la imposición en marzo de un estricto confinamiento domiciliario levantado completamente a finales de junio.
A mediados de julio, los contagios volvieron a la senda ascendente, provocando la progresiva reimposición de diferentes restricciones.
Desde el 25 de octubre, el gobierno español decretó un estado de alarma para implantar un toque de queda en casi todo el país con el que espera evitar el confinamiento domiciliario que han reinstaurado varios países europeos.