En medio del proceso que actualmente cursa en contra del expresidente de Perú, Pedro Castillo Terrones, este jueves se conoció una decisión emanada del juez Juan Carlos Checkley, en el que este atendió una solicitud de los entes investigativos, más precisamente la Fiscalía, para enviar a prisión de manera preventiva al exmandatario, en medio de un escándalo que cursa por señalamientos de corrupción.
La medida, a la que le dio luz verde el juez este 9 de marzo, se refiere a una orden de prisión preventiva por 36 meses, pese a que actualmente Castillo Terrones se encuentra tras las rejas.
La razón por la que el exlíder sindical se encuentra en la cárcel se refiere a los hechos ocurridos el pasado 7 de diciembre, cuando el entonces presidente salió en declaración pública a afirmar que disolvería el Congreso, hecho que ocurrió pocas horas antes de que este órgano legislativo votara para definir su vacancia advirtiendo incapacidades morales.
En medio de la audiencia cumplida este 9 de marzo, el juez del caso advirtió que la medida de prisión preventiva en contra del expresidente resultaba ser ‘idónea’, reconociendo el riesgo que reviste una eventual evasión de las autoridades por parte del expresidente, y reconociendo que este no puede quedar en libertad mientras avance su juicio.
Si bien actualmente Castillo se encuentra tras las rejas, es una medida que se había establecido por tan solo 18 meses, de los cuales ya han transcurrido tres. Dicha medida, en este caso, corresponde a la investigación por el intento de autogolpe de Estado.
La determinación también responde a los intentos que ha adelantado el exfuncionario por obstaculizar el avance de las investigaciones que desarrollan los entes correspondientes.
Según refieren medios internacionales, Pedro Castillo también habría incurrido en intentos por cohibir a los testigos de entregar sus respectivas versiones.
La Fiscalía de Perú investiga a Castillo como presunto líder de una organización criminal que logró enquistarse en el poder, y desde donde habría adelantado una serie de irregularidades desde julio de 2021.
Actualmente, el expresidente se encuentra recluido señalado del delito de rebelión y conspiración, y permanece encerrado en la denominada prisión de Barbadillo, sitio en el que también se encuentra detenido el expresidente de Perú Alberto Fujimori, quien paga una pena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad ocurridos durante su mandato.
Según recoge el trino emitido esta tarde por el Ministerio Público para dar a conocer su decisión, los delitos de corrupción por los que se investiga a Castillo Terrones fueron cometidos en la petrolera estatal “Petroperú y en los ministerios de Transportes, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento”.
En ese sentido, en medio de las investigaciones, la Fiscalía también ha solicitado que se ponga tras las rejas de manera preventiva a los ministros de la era Castillo, Juan Silva, quien fungía como encargado de la cartera de Transportes, y Geiner Alvarado, quien lideró el Ministerio de Vivienda.
De acuerdo con las proyecciones, en el caso de la investigación por corrupción que cursa en contra de Castillo, este podría ser sometido a una pena de 32 años si se encontrase culpable, según detallan medios locales.
Castillo Terrones se encuentra privado de la libertad desde el pasado 7 de diciembre, fecha en la que asumió la Presidencia la entonces número dos del Gobierno, Dina Boluarte.
Luego de la llegada de Boluarte al poder, se ha desatado en amplias zonas de Perú una ola de protestas violentas que abogan por la salida de la mandataria, la libertad de Castillo y el llamado a elecciones generales, medidas que si bien han sido solicitadas para que tengan luz verde en el Congreso, dicho órgano se ha negado a ello.