Un alto tribunal argentino reabrió este lunes dos causas por las que fue absuelta en 2021 la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, una por lavado de dinero y otra por encubrimiento de los responsables iraníes del atentado contra una entidad judía que dejó 85 muertos en 1994, informaron medios de prensa.
La Cámara Federal de Casación Penal ordenó la realización de juicios orales a la también expresidenta (2017-2015) por estas dos causas, aunque la decisión aún puede ser apelada ante la Corte Suprema de Justicia, según la agencia gubernamental de noticias Telam.
El tribunal revocó un sobreseimiento dictado en 2021 a favor de Fernández y sus dos hijos, Florencia y Máximo, en el denominado caso “Hotesur-Los Sauces”, por el nombre de dos empresas de la familia que, según la Fiscalía, fueron vehículo para lavar varios millones de dólares supuestamente provenientes de fondos públicos. La decisión de este lunes excluye a la hija de la expresidenta, según Telam.
La sala igualmente anuló otro sobreseimiento, de octubre 2021, a favor de Fernández por el presunto encubrimiento de los responsables del atentado contra la mutual judía AMIA en Buenos Aires en 1994.
El tribunal consideró que no había delito por parte de la entonces jefe de Estado en la causa por haber impulsado la aprobación en el Congreso de un Memorándum con Irán para poder interrogar fuera de Argentina a los imputados por este ataque con bomba, que causó 85 muertos y 300 heridos.
“Más allá de que se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó un delito ni un acto de encubrimiento”, señaló entonces el tribunal. Es de resaltar que, el fallo de la Cámara Federal no estaba disponible en sitios oficiales.
Fernández, de 70 años, ha sido imputada en varios casos de corrupción en los últimos años y ha denunciado persecuciones políticas y judiciales.
Tras ser exonerada en varios casos recibió una condena en diciembre pasado de seis años de prisión, de los que la protege su inmunidad, y a inhabilitación perpetua en un juicio por fraude y corrupción en un caso de adjudicación de contratos públicos en su bastión político de Santa Cruz (sur), durante sus presidencias.
La vicepresidenta fue acusada de encabezar una asociación ilícita que defraudó al Estado en la licitación de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz cuando ejerció la Presidencia (2007-2015).
La causa investiga supuestas maniobras en la adjudicación y realización de obras públicas en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015, un período que abarca también el gobierno del ya fallecido Néstor Kirchner.
Incluso, este último juicio se reanudó cuatro días después de que Fernández fuera atacada por un hombre que disparó una pistola a pocos centímetros de su cara, sin que el arma llegara a dispararse.
El atacante, Fernando Sabag Montiel, de 35 años y nacionalidad brasileña, se coló entre los seguidores de Fernández que desde que la Fiscalía pidiera que fuera condenada a 12 años de prisión, estos se habían manifestado cotidianamente en su apoyo a las puertas de su casa en Buenos Aires. Sabag Montiel fue detenido en el acto.
En medio de las investigaciones que se adelantaron por parte de la Justicia argentina para esclarecer los móviles del intento de asesinato en contra de la vicepresidenta las autoridades ordenaron también la captura de una mujer conocida como ‘Ámbar’, identificada realmente como Brenda Uliarte, quien era la pareja sentimental de Fernando Sabag Montiel.
A raíz de esta condena, la ex jefa de Estado anunció que daba un paso al costado, afirmando que no sería candidata “a nada, ni senadora, ni vicepresidenta, ni presidenta” en las elecciones de octubre de 2023.
La condena aún puede ser apelada y no se espera que se haga efectiva por años.
*Con información de AFP.