El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, confirmó durante la reunión del Consejo Permanente celebrada este viernes que tuvo una relación de tres años con una funcionaria, por la que se va a iniciar una investigación externa por haber violado presuntamente el código ético.
“Quiero confirmar algo, prácticamente todos conocían la relación, existía esa relación, fui a cenas diplomáticas en las que estaban muchos de ustedes acompañado por ella, fue mi partner (pareja) por tres años a nivel personal quizás los mejores de mi vida. Nuestra relación terminó hace meses”, dijo.
Además, agradeció en varias ocasiones que el OEA quiera optar por una investigación externa con todas las garantías y ha destacado su papel para favorecer que esta se pueda dar con los mayores resultados. “Hemos acompañado todas las propuestas con el fin de dar transparencia y con la visión de que deberíamos dar el mayor resultado como fruto de esas investigaciones”, ha defendido.
El consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes una resolución para que una empresa externa investigue las acusaciones en contra de Almagro, por “supuesta conducta indebida”.
El proyecto de resolución, fechado a 9 de noviembre, patrocinado por Guatemala, Paraguay y Perú -fue puesto en marcha por las misiones de Antigua y Barbuda y Uruguay-, contemplaba que una empresa externa investigase la conducta del secretario general.
La aprobación de la resolución, contenida en la página web oficial del OEA, explica que finalmente será una empresa externa la que investigue las acusaciones contra Almagro, que fueron realizadas tanto por un periodista de The Associated Press como por un denunciante anónimo a través de un correo electrónico a la OEA.
Entre las medidas establecidas por la organización, se encarga a la empresa en cuestión que “presente en tres meses un informe directamente a la Presidencia del Consejo Permanente, que lo pondrá a disposición del Consejo sin demora”.
OEA define fecha de viaje de una misión a Perú para seguir la crisis institucional en que está sumergido el país
La Organización de Estados Americanos (OEA) enviará una misión a Perú el próximo domingo 20 de noviembre, cumpliendo así la petición del presidente del país, Pedro Castillo, de que el organismo preserve la institucionalidad democrática y el legítimo ejercicio de poder.
Así lo informó el ministro de Exteriores peruano, César Landa, quien dijo que las autoridades le propusieron al organismo continental que la visita al país se lleve a cabo durante los dos días siguientes, 21 y 22 de noviembre, informó la cadena RPP.
El funcionario señaló que, por el momento, los integrantes de la misión de la OEA no han cambiado, con lo que el grupo de alto nivel estará formado por los ministros de Exteriores de Argentina, Belice, Ecuador, Guatemala y Paraguay, entre otros representantes de naciones sudamericanas.
La misión tiene previsto reunirse con las autoridades del Gobierno, incluido el propio Castillo, así como con el presidente del Congreso, José Williams; la fiscal general, Patricia Benavides, y el titular del Poder Judicial, Elvia Barrios.
A mediados de octubre, el Consejo Permanente de la OEA decidió enviar a Perú una delegación de alto nivel para realizar un análisis sobre la situación política y promover el diálogo, tras una petición del presidente Castillo, quien es investigado por corrupción.
La misión estará compuesta por los cancilleres de Argentina, Santiago Cafiero; de Ecuador, Juan Carlos Holguín; de Guatemala, Mario Adolfo Búcaro; de Paraguay, Julio César Arriola, y de Belice, Eamon Courtenay.
Además, la integrarán la viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, Laura Gil; el viceministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Christian Guillermet, y el paraguayo Eladio Loizaga, representante de la secretaría general de la OEA.
Castillo, en el poder desde 2021 para un mandato de cinco años, enfrentó dos intentos de destitución en el Congreso (dominado por la derecha) y fue sometido a seis investigaciones fiscales por presunta corrupción, de la que también se acusa a su círculo familiar y político más cercano.
La Fiscalía denunció a Castillo formalmente ante el Parlamento, un proceso que puede conducir a un antejuicio político y a la suspensión del presidente, quien se considera víctima de una campaña para sacarlo del poder y denuncia un “golpe de Estado”.
Con información de Europa Press.