La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) ha rechazado la consulta popular propuesta el lunes por el presidente del país, Guillermo Lasso, y ha catalogado de “irresponsable” lo planteado por el mandatario.
El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, ha aseverado que “el Gobierno no tiene legitimidad” para proponer una consulta popular que, según adelantó Lasso, abordaría asuntos relacionados con la seguridad ciudadana, el fortalecimiento de la democracia y el medio ambiente.
Las ocho cuestiones
El mandatario presentó un listado de ocho cuestiones a las que la población debería responder en caso de que finalmente el año que viene se celebre la consulta popular, según recoge el diario El Comercio. “Revisando la ocho preguntas, en términos ambientales, no resuelve nada”, ha criticado el presidente de la CONAIE, quien considera que las cuestiones planteadas por el Ejecutivo están “vacías” de contenido.
Por su parte, desde la Confederación Nacional de Organizaciones, Indígenas y Negras (FENOCIN), su presidente, Gary Espinoza, se ha sumado a las opiniones de Iza y ha criticado que las preguntas propuestas por Lasso están fuera de lugar y son inoportunas.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha dado a conocer las ocho cuestiones que se presentarán en la consulta ciudadana prevista para realizarse en 2023 y que tratará asuntos de seguridad ciudadana, fortalecimiento de la democracia y protección del medio ambiente.
En un acto celebrado en la capital del país, Quito, el mandatario ha anunciado las ocho preguntas a las que deberá responder la población ecuatoriana de cara al próximo año, según recoge el diario local El Comercio.
En el ámbito de seguridad ciudadana se preguntará si la población está de acuerdo en la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado, la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizados y sobre la creación de un Consejo Fiscal que evalúe e incluso sancione a los miembros de la Fiscalía.
En las cuestiones relacionadas con el fortalecimiento de la democracia, en la consulta se evaluará la posibilidad de reducir el número de asambleístas, exigir un número de afiliados mínimo a las formaciones políticas y limitar las capacidades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la designación de autoridades.
Finalmente, en el apartado vinculado a la protección del medio ambiente, en la futura consulta ciudadana se evaluará la posibilidad de incorporar un sistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas; así como el beneficio de compensaciones a personas y comunidades por su apoyo en servicios ambientales.
Con estas ocho cuestiones, el Ejecutivo plantea una serie de posibles reformas constitucionales. El próximo paso a dar ahora por el Gobierno será presentar de forma oficial el documento en el que se determinen los cambios a realizar en cada apartado de la Constitución.
En medio del estado de excepción
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha prorrogado un mes más el estado de excepción decretado a mediados de septiembre en Guayaquil, Durán y Samborondón por la inseguridad, ya que considera que los hechos que lo motivaron aún persisten.
El Gobierno ha alegado en el decreto que las bandas armadas han “recrudecido” los actos violentos y, por extensión, la “integridad” e incluso la vida de los ciudadanos pude correr peligro. Las autoridades no han detectado aún un descenso de los asesinatos, pese a que sí habrían bajado los robos, informa el diario ‘El Universo’.
La medida implica para los tres cantones afectados -todos ellos en la región de Guayas- la movilización extraordinaria de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. También se mantiene la suspensión da la libertad de asociación y de reunión, del derecho a la inviolabilidad del domicilio y del derecho a la inviolabildad de la correspondencia.
Lasso anunció el lunes que dentro de la consulta ciudadana prevista para 2023 se incluirán aspectos relativos a seguridad. En concreto, se preguntará a la población si está de acuerdo con la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado y con la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizados, entre otros temas.
**Con información de EP