El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió este jueves al Gobierno estadounidense que se levanten las sanciones contra el país latinoamericano.
“Levanten las sanciones criminales sobre el pueblo de Venezuela. ¡Ya basta de persecución económica y financiera!”, insistió el mandatario venezolano, que lamentó que la “agresión” desde el exterior “es una amenaza para recolonizar” el país.
Maduro, así, denunció que la actividad petrolera está bajo persecución “con el objetivo de que Venezuela no tenga los recursos que libremente debe percibir para invertirlos en su economía y en los derechos sociales del pueblo”.
“Todos los venezolanos y las venezolanas debemos rechazar de manera unánime el intervencionismo imperialista, el intervencionismo extranjero en nuestra Patria”, imploró en su mensaje anual ante la Asamblea Nacional.
El mandatario criticó que las sanciones han estado “dirigidas principalmente a organismos del Gobierno, en un 42 %, y la industria petrolera, en un 18,7 %, mientras que el sector privado ha sido el objetivo del 7 % de las medidas.
La oficina de prensa de la Presidencia venezolana ha informado de que hay vigentes 927 “medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela”, que supondrían una pérdida de ingresos brutos de 232 mil millones de dólares (214 mil millones de euros).
La Presidencia, que aseguró que estas políticas constituyen una violación de los derechos humanos del pueblo, estima que, en los últimos ocho años, “sectores extremistas han despojado a Venezuela de 411 millones de dólares al día (378 millones de euros)”.
¿En qué va la investigación de la CPI sobre Venezuela?
Uno de los choques generados entre la comunidad internacional y el gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela, ha estado marcado por los señalamientos de presuntos crímenes de lesa humanidad. Las investigaciones en esa materia han dado pasos con tropiezos y planteado interrogantes sobre cuál será su curso tras la eliminación de la figura interina que presidía Juan Guaidó.
En noviembre de 2022 la Corte Penal Internacional, en cabeza del fiscal Karim Khan, extendió la solicitud al chavismo para reanudar las indagaciones en el vecino país.
“Después de una evaluación objetiva e independiente de una cantidad significativa de información proporcionada por Venezuela hasta la fecha, así como de otras fuentes creíbles, he concluido que el aplazamiento solicitado por Venezuela, en esta etapa, no está justificado, y que se debe autorizar la reanudación de la investigación”, dijo en ese momento el encargo del máximo tribunal.
Así las cosas, el Palacio de Miraflores tiene hasta el 23 de febrero para dar una respuesta a las inquietudes que presentó la CPI y que podrían marcar el rumbo de las mismas. Nicolás Maduro se ha mantenido en que su administración no tiene relación con violaciones a los derechos humanos ni, en esa línea, crímenes de lesa humanidad. CNN informó que, en marzo del año pasado, el órgano internacional había alcanzado un acuerdo para abrir una oficina en Caracas, sin embargo, se prevé que los próximos meses puedan resultar decisivos si hay una actualización de las pesquisas.
En 2021 se anunció investigación
Khan visitó el vecino país a finales de 2021, tiempo en el cual anunció la apertura de una investigación al encontrar señales de que a mediados de 2017 habrían tenido lugar actos de “tortura”, “encarcelación u otra privación grave de la libertad física”, “persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos”, y otros tipos de violencia. Lo anterior, por parte de las Fuerzas Armadas y autoridades civiles.
El fiscal dijo hace dos meses que valoraba la disposición del gobierno de Maduro para entregar información sobre los procedimientos que adelante, así como las “reformas legales” sobre problemáticas estructurales y/o sistémicas en el interior del país. Sin embargo, su oficina consideró que los esfuerzos no han sido, por el momento, suficientes o derivado en resultados concretos.
*Con información de Europa Press.