Luego de la apertura de la investigación sobre los presuntos delitos cometidos en Venezuela desde 2017 en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos, la Corte Internacional, con sede en la Haya, había abierto el proceso contra el dirigente de este país, Nicolás Maduro, a inicios de noviembre del año en curso. Ahora, ese mismo tribunal informó que ha decidido avanzar con la investigación por violación de derechos humanos.
Todo habría iniciado tras la visita de la Corte Internacional de Justicia a Venezuela en 2018 al finalizar su visita al país. “El fiscal de la Corte y el presidente Maduro anunciaron la firma de un memorándum de entendimiento ‘para colaborar activamente’, aunque reconocieron que existen diferencias sobre el tema”, explicaron en un comunicado.
Sin embargo, aunque en ese memorándum se había anunciado que “la investigación tiene como objetivo establecer la verdad y si existen o no motivos para acusar a alguna persona”, con respecto a las violaciones de derechos humanos que se habían presentado en el país se dejó en evidencia que ambas partes no estaban de acuerdo sobre los procesos y señalamientos.
“Respetamos su decisión como Estado, aunque le hemos manifestado que no la compartimos. En ese marco hemos firmado un acuerdo que garantice, ahora sí y de manera efectiva, la cooperación, la complementariedad positiva, el apoyo mutuo y el diálogo constructivo para buscar la verdad y la justicia entre el Estado venezolano y sus instituciones y la fiscalía de la Corte Penal Internacional”, fueron las palabras de Maduro en rueda de prensa en la que también estaba el fiscal que lleva el caso, luego de la firma del documento y la apertura de la investigación.
En ese entonces el fiscal se había mostrado a gusto por la posición que estaba tomando Maduro, dado que se había comprometido a colaborar, aclarando que el proceso iba a ser demorado. “No somos políticos. Nos guían los principios de legalidad y el Estado de Derecho. Les pido a todos ahora, a medida que avanzamos, que en esta nueva etapa den a mi oficina el espacio necesario para hacer su trabajo”, afirmó el fiscal Karim A. A. Khan, desde Caracas.
Ahora se ha informado que esta investigación continúa su curso y, sin visos de una marcha atrás; sin embargo, no se dieron más detalles sobre el avance del proceso.
Se estima que desde ese entonces se ha imputado a alrededor de 150 uniformados de la policía y las fuerzas armadas, tras vincularlos con actuaciones en las manifestaciones de 2017 y vulneración de derechos humanos a la población, según cifras del Ministerio Público de Venezuela.
Entre tanto, hay algunos grupos de oposición que afirman que estas imputaciones se tomaron solamente para evitar que avanzara el proceso en contra de Maduro en la Corte de la Haya.
Algunos de los padres de jóvenes muertos en las protestas han expresado la esperanza que les surge ante la continuación del proceso judicial. “Por un lado hay satisfacción por el trabajo denunciando las violaciones de derechos humanos en Venezuela y hay esperanza porque se abre una puerta a la justicia. Por el otro hay un vacío. Lloramos mucho. El asesinato de nuestro hijo y otros muchachos jamás debió ocurrir”, fueron las palabras de una madre a la agencia AFP, quien habría muerto a sus 20 años luego de que fuera impactado en el pecho por una bomba lacrimógena.