Con el rostro cubierto, los manifestantes derribaron una puerta del palacio utilizando la parte trasera de una camioneta oficial, adentrándose hasta el área de registro de visitantes, según imágenes difundidas por varios medios de comunicación. En el lugar, fueron enfrentados con gases irritantes por parte de militares equipados con escudos y encargados de la seguridad del Palacio Nacional en el centro de Ciudad de México, según informó un camarógrafo presente en la escena a la AFP.
Este breve asalto coincidió con la conferencia matutina habitual de López Obrador, quien, de manera paradójica, abordaba el tema del caso Ayotzinapa en ese momento. Al ser informado por una reportera de lo que ocurría afuera, el presidente comentó: “Es un plan de provocación clarísimo”.
Jesús Ramírez, portavoz presidencial, aclaró que los manifestantes solo llegaron “a la entrada nada más. No entraron” al palacio. Además de derribar la puerta, los manifestantes rompieron cinco ventanas con piedras y dejaron varias pintadas, una de las cuales rezaba: “solo queremos un diálogo”, según constató un periodista de la AFP.
Entre los manifestantes se encontraban estudiantes, activistas de derechos humanos y familiares de algunos de los 43 jóvenes desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, localidad ubicada en el estado de Guerrero, al sur de México. Este caso provocó una ola de indignación a nivel mundial y es considerado una de las peores violaciones de derechos humanos ocurridas en México.
A pesar de la disposición manifestada por el presidente López Obrador para reunirse con los padres de los estudiantes, reiteró sus denuncias de que abogados y asesores de las familias impiden dichas reuniones, utilizando la tragedia con fines políticos y lucrativos, y obstaculizan las investigaciones en curso. El mandatario delegó a un subsecretario de Gobernación para recibir a las familias y sus representantes, quienes explicaron a la prensa que recurrieron a la fuerza al no ser atendidos previamente en ese despacho.
En días previos, alumnos de la escuela de formación de profesores de Ayotzinapa llevaron a cabo protestas en Guerrero y Ciudad de México, instalando un campamento frente al palacio de gobierno, el cual fue atacado con piedras y palos en el incidente reciente. López Obrador, que reside en el mismo lugar, mantuvo la calma y afirmó que no respondería de manera violenta, destacando la no represión como principio fundamental del gobierno.
El presidente ha intensificado sus denuncias sobre provocaciones al gobierno en el contexto de las elecciones presidenciales del 2 de junio, donde su candidata, Claudia Sheinbaum, es considerada favorita. Miguel Hernández, un limpiabotas de 52 años que trabaja en la calle Moneda, cercana al palacio, relató que los encapuchados intentaron derribar la puerta con vallas metálicas, pero al no lograrlo, utilizaron una camioneta de la empresa eléctrica estatal. A pesar de la tensión, un grupo de militares ya estaba apostado para impedir su ingreso.
Las puertas del Palacio Nacional, cuya construcción inició en 1522 durante la colonia española y alberga murales del renombrado Diego Rivera, fueron blanco de manifestantes en otras protestas, pero esta es la primera vez en años recientes que logran derribar una.
Los estudiantes de la normal rural desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Hasta ahora solo han sido identificados restos de tres de ellos.
La pesquisa del anterior gobierno (2012-2018) -conocida como “verdad histórica”- apuntaba a que fueron detenidos por policías de Iguala en colusión con narcotraficantes del cártel Guerreros Unidos que los confundieron con miembros de una banda enemiga.
Tras asesinarlos los incineraron y arrojaron las cenizas a un río de la zona, según esa versión que fue rechazada por las familias y un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigó el caso.
Luego de asumir el poder en 2018, López Obrador dio un nuevo impulso a las indagaciones mediante la creación de una Comisión para la Verdad (COVAJ), que realizó una nueva pesquisa.
En ese marco, la fiscalía ha ordenado el arresto de 132 personas, entre las cuales 14 miembros del Ejército y el exprocurador general Jesús Murillo Karam, uno de los responsables de la “verdad histórica”.
La COVAJ aseguró en octubre pasado que el ejército mexicano estuvo al tanto del secuestro y desaparición de los jóvenes, y reiteró que fue un “crimen de Estado”.
*Con información de AFP