La Fiscalía General de Venezuela anunció este miércoles, 6 de diciembre, que ordenó la aprehensión de una docena de opositores del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, bajo acusaciones de traición a la patria, por supuesta participación en una trama para conspirar contra el referendo sobre el Esequibo, el territorio en disputa con Guyana.
La orden de captura, según el fiscal general Tarek William Saab, se emitió contra los dirigentes opositores Juan Guaidó, Yon Goicochea, Julio Borges, Lester Toledo, David Smolanski, Carlos Vecchio, Leopoldo López, así como contra los exministros de Petróleo y Comunicación, Rafael Ramírez y Andrés Izarra.
Los dos últimos eran cercanos colaboradores del ahora fallecido presidente Hugo Chávez, mentor político de Maduro, pero ahora se cuentan entre los más críticos del oficialismo. Todos ellos están en el exilio.
Además de la captura de los líderes políticos opositores, desde el régimen emitieron órdenes de aprehensión contra tres colaboradores de la exlegisladora María Corina Machado, la principal candidata de la oposición para enfrentar a Maduro en las presidenciales de 2024.
No obstante, sobre Machado pesa una inhabilitación política por 15 años impuesta por el régimen de Maduro.
Tras lo anterior, el senador estadounidense Marco Rubio estalló contra el régimen y pidió al presidente Joe Biden imponerle sanciones a Venezuela. Para el congresista, Maduro violó lo acordado con la oposición.
“Maduro violó el acuerdo que permitiría a @MariaCorinaYA postularse como presidenta. La decisión del régimen de ordenar el arresto de miembros del equipo de María Corina, @VoluntadPopular, @Sumate, es otra prueba que no se puede confiar en ellos. ¡Biden debe volver a imponer sanciones ahora!”, dijo puntualmente Rubio a través de su cuenta en la red social X, anteriormente Twitter.
Vale destacar que la opositora María Corina Machado descartó este miércoles recurrir a una inhabilitación que no reconoce y que en la práctica le impediría postularse a las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, aunque aclaró que evalúa la opción “día a día”.
Negociadores del presidente socialista Nicolás Maduro y de la oposición anunciaron el 30 de noviembre una vía para que dirigentes inhabilitados que aspiran a postularse en las elecciones del próximo año pidan al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que se revisen esas sanciones, fijando plazo hasta el viernes 15 de diciembre.
“Yo no he cometido delito alguno, falta alguna, y aquí no hay un acto de la Contraloría, un procedimiento de la Contraloría, una decisión de la Contraloría, ni yo he sido notificada (...). Por lo tanto, ¿qué acto puede recurrirse si no existe? Es absolutamente inexistente”, declaró Machado, de 56 años, en una rueda de prensa.
“Yo hoy estoy más que habilitada por la opinión pública”, agregó. “No pueden imponer ni vías ni tiempos”, subrayó.
La oposición acusa al régimen de usar las inhabilitaciones como “arma política”. La ley faculta a la Contraloría a tomar medidas administrativas contra funcionarios investigados, pero la Constitución establece que solo una sentencia judicial “definitivamente firme” puede impedir ser candidato a la presidencia.
El documento que establece el “mecanismo” para recurrir las inhabilitaciones “lejos de allanar y facilitar la vía electoral, lo que la hace es más compleja”, argumentó Machado.
“Lejos de demostrar la disposición (del gobierno de Maduro) a cumplir con las condiciones que exige la comunidad internacional para que (las votaciones de 2024) sean consideradas elecciones limpias y competitivas, las restringe”, continuó.
No obstante, la exdiputada dijo estar “evaluando día a día” la situación.
*Con información de AP y la AFP.