Los efectos negativos de las redes sociales en los menores de edad eran de pleno conocimiento de los empleados de Meta y ByteDacnce, incluidos sus propietarios, según un expediente judial.
Así se desprende de una demanda que había sido instaurada por adicción de niños y adolescentes a las redes sociales y cuyo texto se conoció previamente de manera parcial.
Ahora, según información de la agencia Bloomberg, una versión no editada de la demanda presentada ante un tribunal federal en Oakland, California, detalló aspectos relacionados con el conocimiento que podían tener los ingenieros y otros funcionarios, incluidos director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, sobre los daños de las redes sociales y sus dudas al respecto.
Se trata de un proceso que contiene varias denuncias que fueron presentados en Estados Unidos a nombre de adolescentes y adultos jóvenes.
Según la querella, redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat y YouTube de Google les generaron diferentes desórdenes como ansiedad, depresión, trastornos alimentarios e insomnio.
Incluso, según, la demanda, debido a esas situaciones se produjo más de una docena de suicidios, tras argumentar que los operadores de estas empresas diseñaron algoritmos que atrajeron a los niños por caminos peligrosos y adictivos.
A esas mismas consideraciones se sumaron varios distritos escolares públicos que también han presentado demandas por considerar que las redes sociales afectan la crisis mental de los estudiantes, lo que dificulta el proceso educativo.
Según la demanda, los directivos de las empresas hicieron “caso omiso de la información o, en algunos casos, trataron de socavarla”.
Meta
Entre las acusaciones, los demandantes advirtieron que en lugar de actuar para abordar los problemas relacionados con los niños que usan Instagram y Facebook, la compañía Meta eliminó los fondos de su equipo de salud mental.
Señalaron que el propio director de Meta, Mark Zuckerberg fue advertido sobre las implicaciones de una situación riesgosa.
“No estamos en camino de tener éxito en nuestros temas centrales de bienestar (uso problemático, intimidación y acoso, conexiones y SSI), y corremos un mayor riesgo regulatorio y críticas externas. Estos afectan a todos, especialmente a los jóvenes y creadores; si no se abordan, nos seguirán hasta el metaverso”, según el documento.
Sin embargo, un portavoz de la compañía desestimó la acusación, tras señalar que, por el contrario, se aumentarin los fondos del equipo de salud mental.
“De hecho, debido a que esto es tan importante para nuestra empresa, en realidad aumentamos los fondos, como lo demuestran las más de 30 herramientas que ofrecemos para apoyar a los adolescentes y las familias. Hoy en día, hay cientos de empleados que trabajan en toda la empresa para crear funciones con este fin”, indicó.
Caso de ByteDance (TikTok)
En relación con ByteDance, empresa matriz de TikTok, los demandantes señalaron que documentos internos permiten determinar que tenían plena conciencia de que los jóvenes son más susceptibles de ser atraídos para realizar acrobacias peligrosas que ven en la plataforma y que son conocidas como desafíos virales.
Indicaron que este sector de la población no tiene la capacidad plenamente formada para sopesar el riesgo y que de esa situación tenían pleno conocimiento los directivos de la compañía.
El documento advierte que los jóvenes son más propensos a “sobrestimar su capacidad para hacer frente al riesgo” y su “capacidad para comprender la radicalidad de la muerte tampoco está completamente desarrollada”.
Ante estos argumentos, los representantes de TikTok, no hicieron ningún comentario, tras una solicitud sobre el particular.
“Estos documentos nunca antes vistos muestran que las empresas de redes sociales tratan la crisis de la salud mental de los jóvenes como un problema de relaciones públicas en lugar de un problema social urgente provocado por sus productos”, de acuerdo con un comunicado de los abogados Lexi Hazam, Previn Warren y Chris Seeger, que lideran la querella.
Por su parte, las compañías se defendieron y se ampararon en la ley de 1996 que otorga a las plataformas de Internet una amplia inmunidad frente a reclamos por contenido dañino publicado por los usuarios.
Previamente, señalaron que la seguridad del usuario es una prioridad, tras asegurar que han tomado medidas para brindar a los padres de familia más control sobre el uso de las plataformas por parte de sus hijos y proporcionar más recursos de salud mental.