Miles de suboficiales retirados de las fuerzas armadas de Perú marcharon en Lima para exigirle al presidente Pedro Castillo beneficios económicos por haber combatido a las guerrillas entre 1980 y 2000.
Los suboficiales reclaman ser incorporados a una ley que reconoce como “Defensores de la democracia” a los oficiales que derrotaron a las guerrillas de Sendero Luminoso (maoísta) y MRTA (guevarista), con el fin de obtener una serie de beneficios de salud y educación, entre otros.
Los exuniformados, que sumaban entre 5.000 y 7.000, según medios locales, se concentraron en la plaza Mayor de Lima, frente al palacio de gobierno, donde luego fueron recibidos por Castillo.
“Estamos reclamando una pensión que nos corresponde, estamos considerados como héroes de la democracia contra el terrorismo”, dijo Walter Mendoza, de 46 años, “licenciado” (suboficial retirado) del ejército. “No tenemos ni siquiera un seguro médico”, se quejó Mendoza tras subrayar que algunos perdieron un brazo o una pierna durante el conflicto interno.
Al hablar ante los licenciados, formados en el patio del palacio de gobierno, Castillo se comprometió a satisfacer sus demandas. “Tenemos que gestar un verdadero desarrollo, dándoles seguridad, salud y educación a nuestros hijos, para que nuestros hijos y los hijos de los licenciados tengan ingreso libre a las universidades, que tengan prioridad en los hospitales”, dijo el mandatario izquierdista.
Es la segunda vez en tres meses que estos militares retirados reclaman beneficios por haber luchado contra Sendero y el MRTA. En mayo, Castillo los recibió y prometió atender sus demandas.
La manifestación de los licenciados tuvo lugar tres días después de que quedara en libertad el militar rebelde Antauro Humala, un exmayor del ejército ultranacionalista que cumplió 17 años de prisión por liderar con miles de reservistas una asonada en 2005 que dejó seis muertos, entre ellos cuatro policías.
Otros problemas para Castillo: señalan a su esposa de coordinar una red criminal
El Equipo Especial contra la Corrupción del Poder de Perú inició una investigación formal contra la primera dama, Lilia Paredes Navarro; sus hermanos Yenifer, Walter y David, y los empresarios Hugo y Anggi Espino Lucana.
La investigación comenzó por el presunto delito de organización criminal en agravio del Estado. Según el medio peruano La República, la primera dama, Lilia Paredes, tenía la labor de viabilizar, financiar y acelerar proyectos de inversión pública, por medio de su hermana Yenifer Paredes.
Todos estos problemas, más las seis investigaciones judiciales por presunta corrupción en su gobierno, han tenido repercusiones en cuanto a la desaprobación de su gestión como primer mandatario de los peruanos, la cual se ubica según el último sondeo de Ipsos.
La aprobación a la gestión del mandatario, en tanto, pasó del 20 % en julio al 25 % en agosto, de acuerdo con la encuesta publicada por el diario El Comercio. Un 6 % no respondió.
El Congreso, dominado por la derecha y enfrentado a Castillo desde que llegó al poder hace un año, siguió concentrando el rechazo generalizado de los peruanos con su desaprobación en alza, motivada por denuncias de ilícitos contra algunos parlamentarios, entre otras razones.
Con información de AFP