La ONG World Justice Project (WJP) presentó su informe anual de los países en los que se registra una mayor y menor adhesión al Estado de derecho, así como los factores que contribuyen a un eventual declive. En su publicación de este año, pone la lupa en tres países latinoamericanos.
“Las tendencias autoritarias que precedieron a la pandemia continúan erosionando el Estado de derecho (...). Los contrapesos al poder ejecutivo se han debilitado y el respeto por los derechos humanos está cayendo”, dijo la directora de la ONG, Elizabeth Andersen.
WJP clasifica a Venezuela, Nicaragua y El Salvador como algunas de las naciones con un alto nivel de autoritarismo en escala global. En cuanto a la administración de Nayib Bukele, su posición en el ranking es 102 entre 140 naciones y el Estado de derecho disminuyó un 4,1 %, siendo la justicia penal y la ausencia de corrupción los componentes que peor calificación recibieron. En la región ocupa el puesto número 25 entre 32.
Nivel de autoritarismo, al alza
En relación con Nicaragua, el reporte lo clasifica entre los últimos sitios que respetan los derechos civiles (133), retrocediendo con respecto al año pasado. En América Latina tiene el lugar número 30 y los aspectos que propiciaron una disminución en su puntaje fueron el límite al poder gubernamental, la justicia penal y los derechos fundamentales.
Sobre Venezuela, esta ocupa el último puesto en todo el mundo y en la región (32) con un decrecimiento del 1,4 %. Los elementos que destaca el estudio (de menor respeto) son los límites al poder gubernamental, la justicia penal, civil, el cumplimiento regulatorio y un Gobierno abierto.
Durante este año, 21 de los 32 países latinoamericanos empeoraron sus puntajes con un debilitamiento a los límites de la rama ejecutiva y ataques contra los medios de comunicación.
Los otros territorios que registran un descenso son Afganistán, Myanmar, Haití y Sudán. Por su parte, aquellos que obtuvieron una mejor valoración fueron Dinamarca, Noruega, le sigue Finlandia, Suecia y Países Bajos.
Entre tanto, de América Latina, Uruguay, Costa Rica y Chile se ubicaron como los tres lugares que mayor lineamiento con las normativas legales y equidad presentaron en 2022. En el caso de Colombia, su posición en la escala global es la 91 (con una caída del 1,1 %) y el puesto 21 en la región. El aspecto peor calificado fue el orden y seguridad, así como la justicia penal.
Mayor declive que en pandemia
El reporte señala que la pandemia de coronavirus llevó a una agravante; por ejemplo, en el acceso a los sistemas de justicia por las medidas de emergencia que varios gobiernos empezaron a adoptar. Estas generaron limitaciones en las libertades cívicas que no se quedaron solo en los tiempos de covid-19 pues, según el informe, dos tercios de los países con un descenso en 2021 volvieron a registrarlo en 2022.
En lo corrido de este año, el elemento que mide el “freno” al poder gubernamental cayó en 58 % de las naciones objeto de estudio. “Estamos saliendo de la crisis de salud, pero no de la crisis de gobernanza,” dijo Andersen y agregó que “en la actualidad, 4.4 miles de millones de personas viven en países donde el Estado de Derecho es más débil que el año pasado”.