El 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet encabezó un golpe de Estado militar que incluyó el bombardeo de La Moneda, el palacio presidencial de la capital, Santiago, donde se había refugiado el presidente Salvador Allende.
Allende, un socialista que había salido elegido en 1970, se suicidó durante el asalto que puso fin a sus tres años de Gobierno, que estuvieron marcados por los problemas económicos y el conflicto con Washington por el temor a que instaurase un gobierno comunista.
Una junta militar, liderada por Pinochet, procedió a aplicar reformas de libre mercado que incluyeron la privatización de empresas estatales, y limitó severamente las libertades políticas, además de reprimir la oposición al nuevo Gobierno.
Las protestas callejeras fueron disueltas de forma brutal y se envió a los opositores a centros de detención donde sufrieron torturados. Miles de personas fueron asesinadas y desaparecieron.
Ya en 1978, la ONU condenaba, mostraba su “indignación” e instaba a Chile a cesar las “violaciones de derechos humanos”, entre ellas, desapariciones “por motivos políticos” y torturas, según una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de ese año.
Exiliados y opositores torturados
Se exiliaron 200.000 ciudadanos fuera de Chile y 28.000 opositores fueron torturados. Según el Ministerio de Justicia, durante la dictadura hubo 40.179 víctimas entre asesinados, desaparecidos, presos políticos y torturados, tal como establecieron dos comisiones de la verdad.
Ivonne Saz, de 75 años; José Adán Illesca, de 74, y Sergio Naranjo, de 69, fueron expulsados de su país tras pasar meses detenidos como miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, un grupo guerrillero que ya no existe.
Los tres se marcharon a México, donde comenzaron una nueva vida, y donde siguen residiendo. Su condición de exiliados les había hecho cuestionarse quiénes eran.
“Esta idea del exilio, de que uno se siente destrozado, uno se siente como que tu identidad te la roban”, afirmó Naranjo. “Es una pérdida de identidad”.
Durante la dictadura, los familiares de los desaparecidos salieron a la calle mostrando fotos de sus seres queridos y exigiendo respuestas.
Ubicar 1.162 víctimas
A finales del mes pasado, el presidente izquierdista, Gabriel Boric, presentó el que será de facto el primer plan patrocinado por el Estado para tratar de localizar a las aproximadamente 1.162 víctimas del régimen militar de las que todavía se desconoce su paradero.
Con el paso de los años, la oposición a la junta creció y se produjeron numerosos intentos fallidos de asesinato contra Pinochet. En 1988, los chilenos votaron en contra de prorrogar su presidencia y el general dimitió en 1990. Después de eso, los restos de Allende fueron exhumados de una tumba sin marcar y recibieron un entierro digno.
Pinochet fue comandante en jefe del ejército hasta 1998 y después se convirtió en senador vitalicio, una posición que había creado para sí mismo. Renunció en 2002 y falleció en 2006 sin haber sido juzgado nunca, aunque estuvo detenido durante 17 meses en Londres por orden de un juez español. No tuvo un funeral de Estado.
1.300 procesos activos
Se estima, además, que hay 1.300 procesos criminales activos por violaciones de derechos humanos, según cifras de junio del ministro de Justicia, Luis Cordero. Y 150 condenados están cumpliendo sentencia en Punta Peuco, un penal exclusivo para ellos.
El propio Pinochet murió en 2006 sin condena ni enfrentar a la justicia chilena. Aunque estuvo detenido 17 meses en Londres por orden del juez español Baltasar Garzón —que aplicó el principio de justicia universal para poder procesarlo— los trámites aguaron su extradición a España para que fuera juzgado y terminó volviendo a Chile por salud.
La justicia chilena le abrió después una causa penal por encubrir 75 secuestros, homicidios y torturas que terminó cerrando temporalmente en julio de 2001. Recibió arresto domiciliario, pero no llegó a ser condenado. Murió y con su desaparición se sobreseyeron todos los procesos, según establece la ley chilena. Su funeral se celebró sin honores de Estado.
*Con información de AP y AFP