El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, destacó esta semana la construcción de una cárcel con capacidad de acoger a alrededor de 40.000 presos y que se suma a su estrategia para erradicar, de raíz, la expansión de pandillas. A solo semanas de que se cumpla un año desde que rige el estado de excepción, el mandatario resaltó su estrategia de seguridad.
Sobre el nuevo centro de reclusión, levantado en siete meses, el centroamericano aseguró que es “una pieza fundamental para ganar por completo la guerra contra pandillas”. En ese sentido reiteró lo que, a su juicio, ha sido uno de los resultados, al considerar ahora su país como el más seguro de América Latina tras una disminución en la tasa de homicidios.
“¿Cómo lo logramos? Metiendo a los criminales en la cárcel. ¿Hay espacio? Ahora sí”, apuntó el jefe de Estado al dar respuesta a una serie de interrogantes que han centrado la discusión sobre su ‘megaobra’. Según él, ahora los miembros de grupos delincuenciales no podrán dar órdenes desde prisión ni habrá riesgos de fuga. “Una obra de sentido común”.
De hecho, este miércoles 1 de febrero el salvadoreño afirmó que a nivel nacional se cerraba el día sin reportar homicidios. Su administración ha defendido en varias oportunidades la estrategia de seguridad y se ha amparado en que el país dio un giro de 180 grados al pasar de ser el “más inseguro del mundo” al “más seguro” de América”, como lo califica él mismo.
La cárcel más poderosa en la región
Bukele compartió un video durante un recorrido en lo que pasó a llamarse como el “Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador” y que es considerado el penal más grande de toda la región.
Según información oficial, el centro se construyó en un área aislada para la que se adquirieron 236 manzanas que tendrían una equivalencia siete veces superior al Estadio Cuscatlán.
La lucha contra organizaciones como la Mara Salvatrucha se ha constituido en uno de los planes ‘bandera’ del mandatario desde que asumió funciones (en 2019) y bajo los cuales se han arrestado a más de 60.000 presuntos integrantes de esos grupos.
“Ellos van a venir (los reclusos) aquí a trabajar con base en que” toda esa labor “produzca algo para la sociedad y así resarcir un poco del daño causado”, dijo uno de los encargados del recorrido. “Va a haber fábricas en las cuales” estarán “a diario, no han venido a descansar”, sentenció.
Alerta de Human Rights Watch
Las medidas en suelo centroamericano han estado bajo cuestionamientos de organismos como Human Rights Watch (HRW) que han advertido de una ‘extralimitación’ de poderes a “gran escala”. Esa institución, en colaboración con la ONG Cristosal, elaboraron un informe en el que apuntaron a “violaciones generalizadas” en el régimen de excepción.
En este señalan que ha habido casos de detenciones arbitrarias, abuso en los procesos judiciales, negativa sobre la ubicación de presos a familiares e incluso muerte bajo custodia.
“Las fuerzas de seguridad han llevado a cabo cientos de operativos indiscriminados, sobre todo en barrios de bajos ingresos que han sufrido durante años la falta de oportunidades económicas y educativas. Los arrestos masivos han llevado a la detención de cientos de personas sin conexión aparente con las actividades delictivas de las pandillas”, aseveró HRW en su página oficial.
Human Rights Watch y Cristosal sugirieron que el gobierno de Bukele debería dar fin al estado de excepción y, en su lugar, poner en marcha una estrategia sostenible que vaya en línea con el respeto a los derechos humanos.
Para ello, ambas organizaciones resaltaron tener en cuenta la evaluación de las “causas estructurales de la violencia”, así como procurar procesos “estratégicos” para que los líderes de pandillas respondan ante la justicia.