El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), estableció como algunas de sus principales banderas de campaña la imposición de un tope a los salarios de los funcionarios públicos y reducir los gastos en ese sector impulsando varias medidas anticorrupción. Con esa intención bajo la manga, AMLO ya comenzó a mover sus hilos para darle forma al gobierno que presidirá oficialmente desde el 1 de diciembre. Por eso, el pasado viernes, la Cámara de Diputados mexicana aprobó la nueva Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, que había sido aprobada por el Senado desde 2011, pero se había quedado estancada en la cámara baja del Parlamento cuando fue presentado por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) durante el gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012). Le sugerimos: Felipe Calderón compara a Trump con Hitler De ahora en adelante, el que cometa el delito de “remuneración ilícita” podrá ser destituido e inhabilitado para desempeñar otro cargo público hasta por 14 años, tiempo en el que también podría ser condenado a prisión. Las multas por cometer el delito podrían ascender hasta 500 salarios mínimos mexicanos (cerca de 70.000 dólares). De igual forma, se eliminarán las pensiones a expresidentes y ningún funcionario podrá tener un salario más alto que el del jefe del gobierno mexicano. En campaña, AMLO prometió reducir los salarios de los funcionarios públicos, eliminar los privilegios burocráticos y eliminar las pensiones de los expresidentes. Dos meses antes de llegar al poder, la propuesta anticorrupción, que fue su eje de campaña, es ahora una realidad por cuenta del Congreso. Puede leer: Así es el ambicioso proyecto del Tren Maya que propone AMLO en México No obstante, a la medida le han salido detractores. Para algunos expertos en México, lo que tendría que ser importante en el gobierno, más allá de los excesos de los funcionarios públicos, es la eficiencia del gasto gubernamental. Como escribió el analista Jorge Fernández Menéndez en el diario Excélsior, “de poco sirve tener funcionarios públicos que cobren menos si su trabajo es ineficiente o si no están preparados para afrontarlo. La disminución salarial es algo tan arraigado en el futuro mandatario que es difícil convencerlo de que acciones que se ven como políticamente correctas terminan siendo potencialmente peligrosas o ineficientes”. No cabe duda de que esa iniciativa mexicana trae recuerdos de lo que fue el debate en Colombia sobre la consulta popular anticorrupción. Como en México, a la idea en el país no le hicieron falta detractores, pero allí no hubo necesidad de una consulta previa para legislar a favor de darle más dientes a la justicia para la lucha contra la corrupción estatal. Aunque el Legislativo mexicano pasó la ley general, aún falta que voten las medidas punto a punto. Comparadas con las que impulsaba el Partido Verde en Colombia, López Obrador y sus partidarios tendrán que dar una lucha parecida a la que Claudia López lideró hace un mes en el país. De hecho, la iniciativa colombiana parece haber tomado nota de su par mexicana: da cárcel a los corruptos, los funcionarios acusados de ese delito no pueden volver a ocupar cargos públicos y limita el salario de los mismos. Ambos países, marcados por estigmas como el narcotráfico y la violencia, han cooperado para mantener a raya esos fenómenos. En materia de corrupción, México dio un paso fundamental para reducirla, pero aún falta saber qué tantos funcionarios públicos están dispuestos a darle efectos prácticos a una medida que en Colombia, a falta de casi 500.000 votos, se quedó en el papel.
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