El gobierno de México anunció este lunes 10 de octubre que presentó una segunda demanda judicial contra el negocio de las armas en Estados Unidos, esta vez dirigida a cinco empresas vendedoras del fronterizo estado de Arizona.
El canciller Marcelo Ebrard explicó que el reclamo mexicano, tramitado luego de que una primera acción judicial contra fabricantes fuera desestimada por un tribunal estadounidense, apunta a empresas que “en los últimos años” han vendido armas que acabaron vinculadas a “delitos muy graves” en México.
“Lo estamos demandando porque aquí, evidentemente, como hay una recurrencia, presumimos y es evidente que hay tráfico de armas y que se sabe que esas armas van dirigidas a nuestro país”, dijo Ebrard en un video difundido en sus redes sociales.
El diplomático detalló que se le pide a la corte de Arizona que imponga sanciones a las comercializadoras que destinan armas a México, donde están prohibidas.
La semana pasada, Ebrard anticipó ante el Senado que la demanda se fundará en legislación estadounidense que penaliza a testaferros que adquieran armas para un tercero, modalidad que según dijo se estaría utilizando para venderlas a compradores mexicanos.
Expuso además que el 60 % de las armas decomisadas en México fueron adquiridas en una decena de condados estadounidenses, la mayoría a lo largo de la frontera entre ambos países.
“Si Estados Unidos nos está pidiendo que les apoyemos (...), que trabajemos juntos en contra del fentanilo, los precursores químicos, los carteles de la droga, nosotros también queremos que nos ayuden reduciendo este flujo de armas que nos hace mucho daño”, alegó este lunes Ebrard.
El mes pasado, un juez de Massachusetts, en el noreste de Estados Unidos, desestimó la primera demanda del gobierno mexicano contra los principales fabricantes de armas estadounidenses, a los que acusa de realizar un comercio “negligente e ilícito” que alienta el narcotráfico y la violencia en México.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que presentó su caso el 4 de agosto de 2021, buscaba una compensación de unos 10.000 millones de dólares. La cancillería ha dicho que apelará dicha sentencia, que entre sus argumentos señaló que la ley estadounidense impide fallar a favor de un gobierno extranjero.
Anualmente, se trafica a México desde Estados Unidos más de medio millón de armas, según datos del gobierno. México ha registrado más de 340.000 asesinatos, la mayoría atribuidos a organizaciones criminales, desde el lanzamiento de una polémica ofensiva militar antidrogas en diciembre de 2006.
¿Acuerdo espacial entre México y Rusia tendría propósitos de espionaje?
En medio de la tensión que vive el mundo por la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha incrementado en las últimas horas a causa de los más recientes ataques a Kiev, dejando al menos 10 personas muertas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tuvo que salir a desmentir lo que sería una “alianza de espionaje” entre México y Rusia.
Se trata de un acuerdo que ha logrado la Agencia Espacial Mexicana, firmado en septiembre del año pasado con el gobierno de Rusia, “por el que los países planean cooperar en la exploración y uso del espacio ultraterrestre con fines pacíficos”, como asegura el Ministerio de Relaciones Exteriores de México
“No estamos a favor de ninguna potencia en el mundo (…) Hemos actuado de manera neutral y lo que estamos impulsando es que haya paz, ya presentamos una propuesta ante la ONU y no nos vamos a mover de ahí”, dijo el Presidente de México al ser cuestionado al respecto en su conferencia de prensa matutina.
El presidente aseguró que el acuerdo se alcanzó antes de que iniciara la guerra en Ucrania el pasado mes de febrero, “y ahora se está haciendo un escándalo porque se habla de que México está permitiendo que satélites rusos puedan ser usados para espiar”, aseguró el mandatario negando tal afirmación.
La secretaría de Relaciones Exteriores de México también hizo una aclaración a través de un comunicado emitido en sus redes sociales donde aseguran que el objetivo del acuerdo es “establecer y desarrollar una cooperación equitativa y mutuamente benéfica entre los estados”.
También aseguraron que, si bien ha sido suscrito el acuerdo, para su entrada en vigor se necesita el visto bueno del Consejo de la Federación Rusa, lo que equivale a la Cámara Alta del país, la firma del presidente Vladimir Putin y finalmente su publicación oficial.
*Con información de AFP.