Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, animó al gobierno y la oposición de Venezuela a reanudar su diálogo político, congelado desde octubre, para que las elecciones presidenciales de 2024 sean “transparentes y justas”.
“Es muy importante que prosigan las conversaciones de la oposición y el gobierno”, afirmó Bachelet en su rueda de prensa de despedida, pocos días antes de dejar su cargo el 31 de agosto.
“Espero que se reanuden para que haya algunos acuerdos y que así las próximas elecciones se celebren de manera transparente y justa. De esa forma, todos sentirán que los resultados realmente representan lo que el pueblo venezolano quiere”, añadió la expresidenta de Chile.
La anterior elección presidencial en 2018, en la que fue reelecto Nicolás Maduro, fue boicoteada por la oposición y desconocida por Estados Unidos y numerosos gobiernos latinoamericanos y europeos.
La Alta Comisionada señaló que “probablemente la semana próxima” tendrá una conversación con Maduro, al que en cada ocasión, recordó, ha transmitido “una larga lista de puntos” importantes para Naciones Unidas.
El diálogo más reciente entre ambas partes se produjo en Ciudad de México y quedó suspendido en octubre de 2021.
Entonces, el gobierno de Nicolás Maduro se levantó de la mesa en represalia a la extradición a Estados Unidos de Álex Saab, un empresario señalado de servir de testaferro del mandatario chavista, y que había sido detenido en Cabo Verde a petición de la justicia estadounidense por presunto lavado de dinero.
México invitó a ambas partes a reanudar las conversaciones, que inicialmente estuvieron auspiciadas por Noruega.
El tema fue tratado en la pasada Cumbre de las Américas, en junio, en cuya clausura el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, dijo que las partes tienen “intención” de reanudar el diálogo.
Al mismo tiempo, y para favorecer ese diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición apoyada por Washington, Estados Unidos suavizó algunas de las sanciones económicas impuestas al régimen chavista, en particular en el sector petrolero, con la concesión de licencias a Chevron, Eni o Repsol para operar en Venezuela.
Chile y España también alentaron al gobierno y la oposición de Venezuela a retomar el diálogo político.
Fiscalía venezolana ratificó orden de captura contra directivos de la empresa Monómeros
La Fiscalía venezolana informó el pasado viernes que emitió una orden de captura internacional contra 23 “falsos” directivos de la empresa venezolana de fertilizantes en Colombia, Monómeros, que es centro de disputa entre el gobierno de Nicolás Maduro y el líder opositor Juan Guaidó.
El fiscal general, Tarek William Saab, precisó en Twitter que las órdenes fueron acordadas en 2020 y “ratificadas” este mes.
La Fiscalía ya había abierto una investigación contra Guaidó por designar a los miembros de la junta directiva de la empresa que pasó a su control, luego de recibir en 2019 el apoyo del gobierno del expresidente de Colombia, Iván Duque, como “presidente interino” de Venezuela.
“El Ministerio Público está preparando un equipo de cinco funcionarios de alto nivel, tres fiscales que llevan el caso de Monómeros más dos directores vinculados al tema de la lucha contra la delincuencia organizada y contra la corrupción, para que en el propio territorio colombiano se pueda recabar toda la información actualizada”, dijo el fiscal general a la AFP.
Queremos que “haya justicia, se den las extradiciones que hemos solicitado y que reine la máxima sanción en contra de estos criminales de la patria”, añadió.
Los directivos, a quien Saab no identificó, están acusados por los delitos de “usurpación de funciones, legitimación de capitales y asociación para delinquir”, detalló.
La junta directiva de Monómeros está integrada por un equipo de 15 personas, encabezado por Guillermo Rodríguez, quien figura como gerente general. La Contraloría General de Venezuela también ha informado que impondrá medidas contra los directivos: inhabilitaciones, prohibición de salida del país y movilizar cuentas bancarias en Venezuela.
La empresa es objeto de profundos cuestionamientos por parte del gobierno de Maduro e incluso de la oposición venezolana que se ha enfrentado con Guaidó por este tema.
Los directivos de la empresa han sido señalados de cometer irregularidades y de buscar la quiebra para rematar la firma. En 2021, el sindicato de la compañía denunció un contrato, anulado después del escándalo, para traspasar 60 % de las utilidades a una empresa privada panameña, así como pagos por “asesorías” que tildó de “innecesarias”.
Partidos opositores venezolanos como Primero Justicia (PJ) o Acción Democrática (AD) han marcado distancia con Guaidó por este tema.
*Con información de AFP.