Varios grupos defensores de los derechos civiles interpusieron este lunes una demanda federal para impugnar la nueva ley de inmigración de Florida, que desde el mes anterior está afectando a millones de migrantes irregulares. La normativa restringe, incluso, el acceso libre a centros de salud para aquellos que no tengan sus documentos de inmigración al día.
El Southern Poverty Law Center, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), la ACLU de Florida, Americans for Immigrant Justice y el American Immigration Council fueron los grupos que promovieron la demanda en un tribunal federal de Miami en contra del gobernador de Florida, Ron DeSantis, la fiscal general del estado, Ashley Moody, y el fiscal estatal, Nicholas B. Cox, a nombre de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y otros grupos, según registros de la corte.
La demanda se enfoca específicamente en las disposiciones que penalizan el traslado a Florida de individuos que podrían haber ingresado al país de forma irregular y que desde entonces no han sido “inspeccionados” por el Gobierno federal.
A su vez, La denuncia afirma que es inconstitucional que un estado regule unilateralmente la inmigración federal y castigue penalmente a las personas sin previo aviso. También dice que el uso por parte de Florida del término “inspección” no es coherente y es inconstitucionalmente ambiguo.
La oficina del gobernador no respondió de inmediato el lunes a un mensaje solicitándole sus comentarios sobre la demanda. Un portavoz de la oficina de DeSantis ha dicho previamente que la nueva ley se enfoca en la inmigración ilegal, y no en aquellos que están legalmente en Estados Unidos.
Las afectaciones para los migrantes indocumentados
La iniciativa que el republicano DeSantis promulgó en mayo refuerza su programa de reubicación de migrantes y limita los servicios sociales para los inmigrantes que carecen de estatus legal permanente.
También expande los requerimientos para que los negocios con más de 25 empleados utilicen E-Verify, un sistema federal que determina si las personas pueden trabajar legalmente en Estados Unidos.
Los empresarios que no cumplan la ley se enfrentan a multas de 1.000 dólares al día hasta que demuestren que sus trabajadores tienen los documentos requeridos. Amenaza además con retirar de por vida las licencias de funcionamiento a las empresas que reincidan en la contratación de indocumentados.
La ley prohíbe a las ciudades y condados del estado de Florida la emisión de identificaciones comunitarias y anula los carnés de conducir emitidos por 16 estados y el Distrito de Columbia a conductores sin estatus legal.
Uno de los puntos que más temor ha causado entre los inmigrantes indocumentados es que la ley exige a los hospitales que aceptan Medicaid y a las salas de emergencia pedir a los pacientes su estatus migratorio e informar sobre el costo de la atención de estos pacientes.
DeSantis en la carrera presidencial
DeSantis lanzó en mayo su campaña para la nominación presidencial por el Partido Republicano para las elecciones de 2024, promoviendo su postura estricta contra la inmigración ilegal. El gobernador ha ordenado el despliegue de elementos de la Guardia Nacional de Florida hacia Texas para labores de seguridad fronteriza, y ordenó al estado cubrir el costo de los vuelos alquilados que llevaron a migrantes desde Texas hacia otras partes del país.
En medio de la carrera a presidencia, DeSantis descartó ser el ‘número dos’ de Trump en una entrevista con el pódcast Wisconsin Right Now, al afirmar que para él, “no vale para ser número dos”.
Consciente de que debe restar la ventaja que actualmente tendría sobre él Donald Trump, DeSantis se ha mostrado insistente en varios de sus postulados, sacando a flote una de sus ventajas frente a Trump: la juventud, más aún en un escenario en el que si gana el expresidente, el argumento para atacar a Biden, referido a la edad, estaría totalmente demeritado.
*Con información de AP y AFP.