La “terapia de shock” prometida por Milei para equilibrar las cuentas pasa por privatizar empresas del Estado y recortar un 15 % el gasto público. Esto apaciguaría al Fondo Monetario Internacional (FMI), al cual el país se esfuerza por devolverle un préstamo de 44.000 millones de dólares otorgado en 2018 al entonces presidente Mauricio Macri.
Milei aboga por acabar con subsidios crónicos al transporte, la energía y el agua; por liberar los precios, y por eliminar los impuestos a la exportación. La pieza clave de su proyecto es la dolarización de la economía, con el fin de reducir la inflación del 143 % anual con una moneda estable.
“El programa de gobierno de Milei requiere importantes reformas estructurales, especialmente si pretende cumplir su promesa de dolarizar la economía y eliminar el Banco Central”, dijo Jimena Blanco, analista de la firma Global Risk Insight.
“Sin embargo, lo primero requiere dólares de los que el Banco Central carece actualmente, por lo que la probabilidad de una dolarización inmediata sigue siendo remota”, añadió. Pese a ello, Milei afirma que el proyecto se llevará a cabo con los dólares que los argentinos llevan años guardando bajo la cama.
Su principal asesor económico, Emilio Ocampo, explicó en una charla en agosto que la dolarización “es la alternativa que tiene menos probabilidad de fracaso”. “Nuestra adicción al populismo nos llevó a no tener capacidad de tener una moneda estable (...), por lo cual se necesita una reforma monetaria dura”, añadió.
La olla de presión social
Argentina, orgullosa históricamente de su amplia clase media, tiene una arraigada cultura de ayudas sociales, con sindicatos y organizaciones poderosos.
A estos, además, se añaden “un montón de colectivos anti-Milei que no existían hasta el 13 de agosto”, le dijo a la AFP Iván Schuliaquer, politólogo de la Universidad Nacional de San Martín, en referencia a las elecciones primarias en las que el libertario fue la sorpresa al conseguir el mayor número de votos.
Milei asumirá con “una resistencia ya activada”, agregó, refiriéndose a organizaciones de derechos humanos, feministas, colectivos LGBT, ambientalistas e incluso clubes de fútbol que lo consideran una amenaza no solo para su propia subsistencia, también para la democracia.
Gabriel Vommaro, politólogo de la misma universidad, teme las consecuencias de este escenario en un país donde cuatro de cada diez argentinos son pobres y la mitad de la población recibe algún tipo de ayuda o subsidio.
“Milei trae consigo una situación de confrontación político-social que uno puede anticipar en un contexto de ajuste económico, sobre todo del gasto público y de los funcionarios públicos”, dijo. “Con, quizás, un camino represivo que no sabemos cómo puede terminar”, añadió.
Acuerdos políticos se buscan
El joven partido de Javier Milei, La Libertad Avanza, entró en el Parlamento en 2021 con tres diputados y ahora es la tercera fuerza —38 de 257—, en una Cámara de Diputados en la que ningún grupo tiene la mayoría absoluta, pero donde el bloque peronista (centroizquierda) sigue siendo el dominante (108).
En el Senado, La Libertad Avanza cuenta con siete de los 72 senadores. Para ganar, Milei necesitó el apoyo de la coalición de centroderecha Juntos por el Cambio, liderada por Patricia Bullrich, y el expresidente Macri, y que compone la segunda minoría con 93 diputados. Esta alianza, sin embargo, dañó la unidad de la coalición, que se dividió entre si apoyar o no a Milei en la segunda vuelta.
Tampoco tendrá Milei el apoyo de los gobernadores, crucial en una república federal. Por esto, el presidente electo “deberá hacer concesiones que no pretendía hacer antes de las primarias”, dijo Schuliaquer.
Comercio e ideología
El presidente electo tendrá que reconstruir puentes con socios clave con los cuales ha sido muy crítico, especialmente Brasil y China, los dos principales socios comerciales de Argentina.
“No hago pactos con comunistas. Soy un defensor de la paz, de la libertad y la democracia”, dijo Milei en su entrevista con el estadounidense Carlson Tucker en septiembre. Recientemente, explicó que esto no impide a los empresarios negociar directamente con ellos, sin intervención del Estado.
*Con información de AFP.