En 2010, cuando quedaron atrapados en la mina San José, a 720 de profundidad, el mundo solo tenía ojos para los 33 mineros que protagonizaron tan espeluznante aventura durante 68 días de angustia.
Hoy parecen haber sido olvidados, pero no así por la justicia, que les acaba de dar la razón en una demanda relacionada con su caso, que ha inspirado películas y documentales.
Como lo informó El Mercurio, el diario más importante del país, el Estado chileno deberá pagarles 1.4 millones de dólares a 31 de los mineros de San José de Copiapó.
De acuerdo con el periódico, la Corte Suprema no aceptó un recurso que el Consejo de Defensa del Estado (CDE9, entidad que defiende al Estado chileno en los juicios en su contra) presentó en contra de las pretensiones de los trabajadores.
Estos últimos le han dicho a la prensa que ya no tenían ninguna esperanza de que la querella diera resultados, pero la noticia del fallo les dice que valió la pena esperar.
En su demanda, los mineros argumentaron que hubo una falla en el servicio de las instituciones estatales, que no verificaron las óptimas condiciones laborales en la mina.
Más exactamente, esta supervisión está a cargo de instituciones como el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y la Secretaría Regional Ministerial de Salud y la Dirección del Trabajo.
Al demostrar que tienen razón, los mineros recibirán 46.000 dólares cada uno, que vienen a subsanar las dificultades que algunos de ellos han atravesado luego de su cuarto de hora como los mineros más famosos del planeta.
El Mercurio habló con algunos de ellos y le revelaron lo que piensan hacer apenas cobren la indemnización.
Johnny Barrios, por ejemplo, padece hoy de silicosis, una enfermedad que adquirió por el contacto con el polvo en sus tiempos de minero.
Ello, sin embargo, no le ha quitado el ímpetu y trabaja como conductor de maquinaria pesada en la municipalidad de Copiapó.
Le dijo al diario que con el dinero piensa renovar su camioneta y cubrir algunos planes que tiene con su familia.
José Ojeda es conocido por ser el autor del mensaje en que notificaba que los 33 se encontraban en buen estado, luego de más de una semana en que no se supo si seguían con vida.
Como le dijo al rotativo, no quedó nada contento con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, ya que en 2018 les iban a reconocer 93.000 dólares, pero eso se frenó porque la CDE apeló el fallo de primera instancia y, a raíz de ello, les bajaron la cifra aproximadamente a la mitad.
“Acá no se hizo justicia, se hizo solamente para cerrar el caso”, le declaró Ojeda a El Mercurio.
Para Luis Urzúa, esta resolución en favor de él y sus compañeros “está marcando un precedente para la minería en Chile. Para mí no era tan importante la plata, sino que había que cerrar este ciclo”.
Urzúa tampoco tiene ya nada que ver con la minería. Está dedicado a dictar conferencias sobre seguridad laboral, precisamente el tema sobre el cual el tribunal supremo de Chile acaba de fallar en su demanda.
Acerca de cuándo se les hará entrega a los mineros del dinero de la indemnización, su abogado, Jorge Ríos, explicó que deberán esperar entre dos y cuatro meses.
De los 33 afectados por el accidente de hace 13 años, hubo dos que llaman la atención porque no se sumaron a la demanda contra el Estado.
Uno de ellos es Juan Illanes, quien es de la idea de que los debe indemnizar la empresa para la que trabajaban y no el Estado chileno.
Por su parte, Raúl Bustos contó: “Estoy en otra parada”, haciendo alusión a que ya no quiere saber más del caso y por eso no se sumó a la querella.