"El segundo gobierno de la señora Thatcher se distingue por ser el más inepto desde la guerra. Los fracasos, faltas, omisiones que han marcado su primer año han creado dificultades a sus ministros frente a los agricultores. a los mineros, a los descargadores de los puertos, a las colectividades locales, los aliados de la Comunidad Económica Europea e inclusive, frente a los financistas (del país)". Este análisis hace parte de un violento editorial publicado, la semana pasada, por The Economist, el más importante semanario británico. De sensibilidad conservadora, esa revista refleja en su nota la reprobación que está suscitando en Inglaterra--incluso en los medios conservadores moderados-la política y los métodos de gobierno de Margaret Thatcher. Un sondeo, hecho público el 16 de julio pasado, muestra que el 50% de los hombres de negocios han perdido la confianza en la "dama de hierro".Desde su triunfo electoral en junio del año pasado, Margaret Thatcher ha acentuado su política de rigor y se ha mostrado aun más intratable en el plano social. Eso explica su actitud frente a la huelga de mineros decretada hace veinte semanas por la Unión Nacional de Mineros (NUM) dirigida por Arthur Scargill. Convencida de que esa huelga era soportable para la economía del país, la jefa del gobierno inglés practicó la estrategia del "no-concern" y esperó que, presionados por la falta de ingresos, los mineros terminarán aceptando e cierre de 70 minas y la supresión de 20 mil empleos.Muy pronto los mineros lograron la solidaridad de otros sindicatos, como el de los ferrocarrileros, los portuarios, los de acerías, etc. El Partido Laborista jugó un importante papel ayudando a los huelguistas. La respuesta del gobierno fue desatar una ola de violencia policial. Casi 3.000 mineros han sido arrestados desde que comenzara la huelga, especialmente en la región de Nottingham. El 29 de mayo, 82 mineros fueron arrestados y 32 heridos. Al día siguiente, la policía atacó las carpas de los huelguistas con caballos, perros y gases. Scargill fue arrestado en esa ocasión, mientras otros 53 mineros eran heridos severamente por la policía. "Honestamente, hubo escenas de brutalidad que eran casi increibles", diría después Scargill.El 13 de julio, el sindicato de transportes (Transport and General Workers Union) ordenó extender la huelga de trabajadores de los puertos a nivel nacional. Iniciado el 9 de julio, ese paro que moviliza a unas treinta y cinco mil personas fue decretado para protestar contra el empleo en los puertos de trabajadores no sindicalizados. Esta medida viola, sostiene el sindicato, la convención "Dock Labour Scheme", firmada en 1949, en la cual el empresario se compromete a emplear exclusivamente a miembros del sindicato.Paralelamente, el sindicato nacional de marineros decidió bloquear el transporte de mercancías para protestar contra el proyecto del gobierno de desnacionalizar la empresa sealink, filial de los ferrocarriles.La reacción de Margaret Thatcher fue digna de su reputación: "El país no se someterá, dijo, al chantaje de una minoría, a lo sumo doscientas mil personas, que intentan imponer su voluntad a cincuenta y cinco millones de británicos". Varios portavoces oficiales desmintieron, por otro lado, las declaraciones del secretario de Transporte, Nicholas Didley, que había dado a entender que el gobierno estaba dispuesto a declarar el "estado de urgencia" y aseguraron que la administración respetaría la convención de 1949. Con ello, el gobierno buscaba acabar con esa huelga que según él, puede asfixiar la economía del país ochenta por ciento de las importaciones y exportaciones inglesas se efectúan por mar--y que ha reactivado al movimiento de los mineros.Los dirigentes de la NUM han decidido, en efecto, agravar las medidas ,disciplinarias contra los mineros que no se adhieran al paro y hecho saber que, tras cinco meses de sacrificios, no retrocederán. "No habrá compromiso, dijo Arthur Scargill, nosotros ganaremos".La tensión social no es el único objeto de preocupación para Margaret Thatcher. El 16 de julio, un tribunal invalidó, calificándola de "ilegal", la decisión tomada por su gobierno en marzo pasado, de retirar los derechos a los 7.000 funcionarios que trabajan en un centro de comunicaciones de la Defensa Nacional. Se trata, recuerda la prensa inglesa, de la segunda derrota política de Margaret Thatcher desde el 28 de junio. Ese día, la Cámara de Lores rechazó. 191 votos contra 143, el proyecto de suprimir la elección del consejo del Gran Londres prevista para 1985, de seis otros consejos metropolitanos. La "Dama de hierro" había declarado la guerra a esas instituciones locales dirigidas por los laboristas, por practicar una política presupuestal contraria a su plan de austeridad y buscaba designar a los dirigentes locales en vez de aceptar su elección sufragio universal.Todo esto ha contribuído a crear un clima de desconfianza que se ha reflejado en la pérdida de valor de la libra esterlina con respecto al dólar y a las demás monedas europeas. Ciertamente, los bancos evitaron su caída aumentando sus tasas de interés de 10 y 12% pero los ingleses se preguntan si esa medida no compromete los objetivos fijados por Margaret Thatcher para 1984 y por los cuales ha dejado que el número de desempleados supere los tres millónes. Es decir, reactivar el crecimiento económico --tres por ciento en 1983--y reducir la inflación a 4.5%.¿Asediada por todas partes, Margaret Thatcher escuchará los consejos del ala moderada de su propio partido que critica abiertamente aspectos de su política y su estilo de gobierno? The Economist no lo cree así, pues describe, en todo caso, la residencia de Margaret Thatcher en el 10 de la calle Downing como "el epicentro de la vida política británica extrañamente desierto en donde la Primer Ministro anda en los corredores como un rapaz solitario en busca de una presa". -José Hernández, corresponsal de SEMANA en París -