La ministra de Gobierno de Ecuador, Alexandra Vela, presentó el martes su renuncia al cargo, por un desacuerdo con el presidente de su país, Guillermo Lasso, a quien planteó la disolución del Congreso, de mayoría opositora, en medio de una pugna de poderes.

“Al no coincidir con la línea política establecida por el presidente . Guillermo Lasso para enfrentar la crisis agudizada por la Asamblea de Ecuador, presenté mi renuncia”, expresó la funcionaria a través de su cuenta en Twitter.

Agregó que “preservar la democracia para transformar al país, requiere aplicar el mecanismo de la muerte cruzada”.

La Constitución faculta al mandatario a disolver la Asamblea Nacional dentro de los tres primeros años de administración por causales como obstruir la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Esa medida está atada a convocar inmediatamente a elecciones legislativas y presidenciales para completar el período de cuatro años.

El Congreso también puede destituir al presidente por arrogarse funciones o por una grave crisis política y conmoción interna.

Lasso, quien asumió hace diez meses el poder en Ecuador, aceptó la dimisión de la ministra, y se expresó a través de su cuenta de Twitter.

“Agradezco su gestión a Alexandra Vela como ministra de ministra de Gobierno de Ecuador. El Gobierno Nacional continuará trabajando de forma permanente por el bienestar de la ciudadanía, la protección de la democracia y la creación de un país de oportunidades y seguro para todos”, señaló por Twitter.

La Asamblea y el Ejecutivo sostienen una pugna. Las fuerzas de oposición en el Parlamento, que están dispersas pero tienen la mayoría, han rechazado casi todas las propuestas de ley de Lasso, que denuncia un “boicot”.

Vela, quien fue juramentada hace ocho meses, dijo además en una carta dirigida a Lasso que “pocas semanas fueron suficientes para constatar, que una institución fundamental como es la Asamblea Nacional, sede del primer poder de un estado democrático, era paradójicamente, la principal amenaza para la democracia, el régimen republicano y su gobierno”.

Añadió que “en múltiples reuniones con tozudez he sostenido que, para el bien de su gobierno, las reformas que necesita la economía y la permanencia de la democracia es mejor la ‘muerte cruzada’. Camino sin lugar a dudas riesgoso, pero al mismo tiempo ineludible si se quiere realizar las transformaciones profundas que el Ecuador requiere”.

Vela sostuvo que es “consciente de que al cumplir con mi deber hacia usted y hacia el Ecuador, insistiendo en que la única opción es la ‘muerte cruzada’, he causado molestia a sus colaboradores y en algún momento desasosiego a usted”.

Antes de anunciar su dimisión, la ministra presentó el martes una demanda ante la Corte Constitucional para revocar la amnistía otorgada por el Legislativo a 268 indígenas, ambientalistas y políticos procesados por participar en violentas protestas de 2019, que dejaron once muertos. El Ejecutivo sostiene que entre los beneficiados hay personas que “han incurrido en delitos que son comunes”.

“En un Estado de derecho NO puede existir impunidad. Esta amnistía deja intactos los delitos cometidos en contra de Quito y el país en 2019″, escribió la ministra de Gobierno en Twitter.

El gobierno considera que las amnistías otorgadas a 268 personas en marzo pasado por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, son inconstitucionales.

Entre los amnistiados figuran 60 personas que enfrentaban procesos judiciales por las protestas de octubre de 2019 contra el entonces mandatario Lenín Moreno (2017-2021), que había aumentado los precios de los combustibles.

Algunos de ellos son Leonidas Iza, líder de la mayor organización indígena (Conaie), así como la gobernadora de la provincia andina de Pichincha -cuya capital es Quito-, Paola Pabón, y otros políticos afines al exgobernante socialista Rafael Correa (2007-2017), quien vive en Bélgica desde hace cinco años.

Correa y sus partidarios se consideraron perseguidos políticos en el gobierno de Moreno, quien fue su vicepresidente entre 2007 y 2013.

También recibieron amnistía ambientalistas, defensores de territorios comunitarios y administradores de justicia indígena.

Los asambleístas “han tratado de colocar en esta amnistía a personas que han incurrido en delitos que son comunes, que están expresamente excluidos por la Constitución en el otorgamiento” de este beneficio, señaló la cartera de Gobierno en un comunicado.

El Ejecutivo reclama que dentro de las amnistías no fueron incluidos policías y militares que también enfrentan juicios por sus acciones durante esas violentas protestas encabezadas por indígenas, que también dejaron más de 1.300 heridos.

El gobierno “no va a admitir” que “de una forma inconstitucional se otorgue amnistía para delitos, y se otorgue una patente de corso, un salvoconducto para que cualquier persona pueda regresar a la ciudad de Quito a incendiarla, a atacar a sus habitantes”, señaló Vela, en declaraciones divulgadas por su ministerio.

* Con información de AFP.