En medio de las protestas que se han llevado a cabo en Perú, en las que se le exige a la presidenta Dina Boluarte su renuncia y un adelanto de elecciones presidenciales, un polémico operativo policial tuvo lugar el pasado 21 de enero.
Ese día, la Policía de Perú ingresó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ubicada en la capital del país, empleando tanquetas para desalojar a los manifestantes que se habían encerrado en las instalaciones del campus universitario, una acción policial que dejó más de 200 detenidos y muchas críticas contra el gobierno.
Las críticas no se hicieron esperar, sobre todo de organismos internacionales, quienes alertaron el uso desmedido de la fuerza por parte de la policía y detenciones arbitrarias en el megaoperativo realizado por las autoridades.
En ese contexto, el Congreso de la República de Perú ha aprobado dos mociones de interpelación al ministro del Interior, Vicente Romero, para que responda por el polémico operativo.
Ambas mociones -aprobadas por 47 votos a favor, 37 en contra y once abstenciones; y 60 votos a favor, 20 en contra y nueve abstenciones, respectivamente- han sido impulsadas por formaciones de izquierdas, como Perú Libre, Perú Democrático y Cambio Democrático-Juntos por el Perú.
Entre ambos pliegos se suman un total de 65 preguntas a las que Romero deberá responder y relacionadas con aquella intervención policial, marcada por denuncias de actos abusivos y abuso de autoridad y uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, como lo narró la emisora RPP.
La polémica salpicó incluso al Consejo de Ministros de Perú, quien desmintió las denuncias en contra de sus integrantes, quienes habían sido acusados de ordenarle a la Policía Nacional la controvertida intervención a la Universidad Nacional.
“Falso. Ningún funcionario del Consejo de Ministros impartió orden alguna a la Comandancia General de la Policía de Perú para que intervenga el día 21 de enero en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”, negando las acusaciones realizadas por el semanario ‘Hildebrandt en sus trece’.
Cerca de 200 personas fueron detenidas sin el debido proceso, según han denunciado colectivos estudiantiles y manifestantes. Tan solo contra cuatro de ellos se presentaron cargos de terrorismo. Al día siguiente de ser detenidos fueron liberados. Muchos de ellos denuncian que no les devolvieron sus pertenencias, entre ellas dinero y sus documentos de identidad.
Por su parte, el ministro del Interior de Perú, Vicente Romero, aseguró que la intervención policial estaba justificada, a pesar de las acusaciones de no haber cumplido con los procedimientos legales.
Romero explicó que el operativo tuvo lugar en el marco del estado de emergencia, razón por la cual no era necesaria la presencia de fiscales para la intervención, “Había flagrancia y estado de emergencia, cuando hay flagrancia, interviene inmediatamente la Policía Nacional, cuando hay flagrancia no hay necesidad de la presencia de la Fiscalía”, ha señalado el titular de Interior.
Fueron alrededor de 400 policías los que irrumpieron con tanquetas y apoyo de fuerzas especiales la universidad ubicada en la capital del país, sin cumplir los procedimientos legales para las detenciones.
Mediante un comunicado institucional, la UNMSM ha indicado que solicitaron la intervención policial por una denuncia de agresión contra la seguridad privada, por lo que se pedía la “liberación de las puertas tomadas”.
Para el ministro Romero, el trabajo de la Policía durante estos días de manifestaciones antigubernamentales en Perú ha sido “excepcional”, al tiempo que ha opinado que la marcha multitudinaria (conocida como ‘Toma de Lima’) fue un fracaso.
La congresista peruana Flor Pablo fue quien solicitó formalmente la comparecencia del primer ministro, Alberto Otárola; del ministro del Interior, Vicente Romero, y la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jeri Ramón, por el operativo en el centro académico.
“Lo ocurrido hoy en San Marcos es inaceptable. Sin presencia de la Fiscalía, tratar a estudiantes, ciudadanos y defensores de Derechos Humanos como delincuentes, tirados en el piso y golpeados es un abuso. Ministro del Interior y rectora de la UNMSM deben dar explicaciones”, ha apuntado Pablo.
Pablo presentó una moción para que Otárola “rinda cuentas ante el Congreso” y un oficio solicitando a la Comisión de Educación que cite a la rectora de la UNMSM en la próxima sesión ordinaria.
*Con información de Europa Press.