Luego de que se conociera la decisión judicial en contra del expresidente Donald Trump en Estados Unidos, donde se le imputaron cargos por haber hecho un soborno durante su campaña presidencial, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no dudó en dar su opinión sobre este tema.
Bukele afirmó que Estados Unidos ahora la tendrá “muy difícil” para emitir condenas sobre “persecución política” en otros países, debido a que Trump es considerado el principal opositor del gobierno de Joe Biden.
“Tristemente será muy difícil para la política exterior estadounidense usar argumentos como democracia y elecciones libres y justas o intentar condenar la persecución política en otros países de ahora en adelante”, escribió el mandatario en su perfil oficial de Twitter.
Luego, de manera irónica, se refirió a lo que haría Estados Unidos si un país de Latinoamérica le hiciera lo mismo a un líder de la oposición.
“Imaginen si esto le pasara a un importante candidato opositor a la Presidencia en El Salvador”, continuó publicando en twitter Bukele.
Más allá de si Bukele está a favor o no de lo ocurrido con Donald Trump, el argumento central del mandatario salvadoreño es ver cómo en el país de la libertad, la justicia y la democracia se le acusa de un supuesto delito a un líder político opositor y en medio de una campaña electoral, situación que si ocurre fuera de Estados Unidos podría ser vista como un acto antidemocrático.
El gobierno de Joe Biden también había enviado duros mensajes a Bukele, relacionados con su política de seguridad.
Tras la captura de tres altos mandos de la Mara Salvatrucha (MS-13) acusados de varios delitos de terrorismo y extorsión en Texas, Estados Unidos, se hizo público un documento de acusación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en la que se vincula a 13 supuestos líderes de la estructura criminal con reuniones clandestinas en las que estarían vinculados funcionarios del gobierno del presidente Nayib Bukele.
El documento cita al director de Centros Penales, Osiris Luna, y el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, quienes habrían participado en encuentros organizados por el gobierno salvadoreño con miembros de la banda delincuencial, quienes estarían en libertad.
Elmer Canales Rivera, alias “ladrón de Hollywood”, Borromeo Enrique Henríquez, alias “diablito de Hollywood”y Carlos Tiberino Ramírez Valladares, apodado “Snyder de Pasadena”, serían algunos de los líderes de la organización criminal que se habrían encontrado con los funcionarios anteriormente mencionados.
El objetivo de las negociaciones, según la acusación, se resume a un número de beneficios por parte de los delincuentes a cambio de que los mismos, en las calles, redujeran el número de asesinatos públicos para que se pudiera ver reflejado en números que mostrarían la mejora de las políticas del gobierno de Bukele.
Según el documento de 42 páginas, los delincuentes se habrían reunido numerosas veces dentro de las prisiones de Zacatecoluca e Izalco, entre otros lugares, reuniones organizadas por el gobierno de El Salvador y oficiales de seguridad de la prisión, incluyendo al propio director de Centros Penales.