El Ejecutivo salvadoreño sigue abogando por sus políticas de seguridad con las que, tal cual afirma, le ha devuelto al país un ‘respiro’, mientras intenta dejar atrás el concepto de uno de los países ‘más peligrosos en el mundo’. Con ese fin, la nación centroamericana ha estado envuelta en un estado de excepción.
El Congreso dio nuevamente luz verde a esa medida que volvió a prorrogarse tras ser impulsada por el presidente, Nayib Bukele, para poner fin a la delincuencia y, particularmente, terminar con las pandillas. Es una disposición que ha generado tanto aplausos como cuestionamientos en varios países.
Su prórroga salió adelante con el respaldo del partido gubernamental Nuevas Ideas, así como otras tres formaciones. El objetivo es seguir detrás de los pandilleros que “aún no han sido capturados”, según informó El Mundo, en lo recopilado por Europa Press (EP).
¿Cuánto más estará vigente?
“Si bien se está ganando decididamente la guerra contra las pandillas, existen miembros que aún no han sido capturados y persisten en el actuar delictivo mediante la reiteración de ataques graves contra la vida de la población salvadoreña y miembros de la corporación policial”, subraya una nota del Gobierno en la cual justifica la decisión, replicada por EP.
“Antes, El Salvador vivía sumido en la violencia y el dominio de las pandillas. Ahora, hemos recuperado el control de los territorios y puedes andar libremente en las calles. Para que sigas disfrutando de la paz que tanto esperaste, prorrogamos nuevamente el #RégimenDeExcepción”, destacó la Asamblea Legislativa.
La nueva extensión empezará a contar desde este sábado (14 de octubre) y estará vigente por un mes, sujeta a nuevas ampliaciones. Con su puesta en marcha se limitan garantías, constituciones para la población como libertad de movimiento, asociación y también la inviolabilidad de comunicaciones.
Cifras oficiales señalan que, desde marzo de 2022, más de 70.000 presuntos pandilleros han sido puestos bajo custodia; sin embargo, numerosos han quedado en libertad por falta de pruebas. Otros, terminado enjuiciados o están a la espera de conocer su sentencia (por la cantidad, hace unos meses se anunciaron audiencias masivas).
Medida, bajo la lupa de Amnistía Internacional
Pese a que Nayib Bukele ha defendido la ‘eficacia’ de su medida para reducir los índices de violencia y, en esa línea, la cantidad de homicidios diarios sigue inmersa en polémicas. Para algunos gobiernos y organizaciones se han sobrepasado límites de los derechos humanos, por lo cual le exhortan a revisar esa política.
Por ejemplo, Amnistía Internacional (AI) acusa al Ejecutivo de cometer violaciones sistemáticas a los derechos y hasta ha empleado palabras ‘mayores’, refiriéndose a supuestas torturas, incumplimiento del debido proceso y más de cien reclusos muertos.
“La sumisión de las instituciones responsables de procurar y administrar justicia en el país ha provocado la instrumentalización del proceso penal, con el que se está castigando a personas sin evidencia de que han cometido algún crimen, en su mayoría de zonas históricamente marginalizadas”, denunció en abril Erika Guevara, directora de AI para las Américas.
No obstante, Bukele le ha salido al paso a los señalamientos y acusado tanto a organizaciones de derechos humanos como a algunos homólogos por supuestamente querer ver a El Salvador como hace algunos años: sumido en la violencia. También ha referido que terceros no están en la capacidad de cuestionarle si sus recomendaciones no muestran efectividad.
“No vamos a detenernos hasta capturar al último terrorista que quede. No permitiremos que pequeños remanentes se reagrupen y nos quiten la paz que tanto nos ha costado”, dijo Bukele este jueves, a propósito de un cerco militar.