A sus 40 años, Nayib Bukele cuenta con una tasa de aprobación de más del 90 por ciento en El Salvador. Es el presidente mejor calificado en Latinoamérica, donde la tendencia ha sido, por lo regular, de mandatarios poco populares dentro de sus países. Y, si bien el centroamericano ha sido la excepción a la regla, parece que quiere seguir otra tendencia regional al estar haciendo curso para dictador.
La semana pasada, Bukele anunció lo que él llamó “una limpieza de casa”. Con el apoyo del Congreso (en el que su partido casi tiene 50 por ciento de las curules), destituyó a un grupo de jueces de la Corte Suprema y al fiscal general. Esta medida ha sido calificada por expertos internacionales como inconstitucional y preocupante; representa una acumulación de poder que ha despertado las alarmas de lo que parece un intento de tomar el control de las instituciones del país centroamericano.
Por las acciones del mandatario, Estados Unidos ha sido el primero en poner el grito en el cielo. La vicepresidenta Kamala Harris dijo en su cuenta de Twitter: “Tenemos una profunda preocupación por la democracia de El Salvador, a la luz del voto de la Asamblea Legislativa para destituir a los jueces de la Corte Constitucional”.
Por esa misma red social se manifestó el secretario de Estado, Antony Blinken: “La acción democrática del Gobierno debe respetar la separación de poderes por el bien de todos los salvadoreños”. No obstante, la justificación del presidente salvadoreño para sus acciones recientes es que los jueces estaban aliados con Nicolás Maduro.
La destitución de los funcionarios parece una jugada de ajedrecista de Bukele y de su carácter autoritario. La prueba está en que esta semana la Corte Suprema de El Salvador, con jueces recién nombrados, aprobó la reelección presidencial inmediata, permitiendo así que en los comicios del año 2024 el presidente pueda ser candidato.
La polémica es aún más grande, pues los anteriores magistrados estaban en desacuerdo con la reelección inmediata y se mantenían en que un jefe de Estado debía esperar al menos dos periodos presidenciales para volver a aspirar al cargo.
Asimismo, no es la primera vez que Bukele lleva a cabo una acción, por lo menos, cuestionable: en febrero del año pasado ocurrió el episodio conocido como el “Bukelazo”, en el que acompañado de policías y militares armados irrumpió en el Parlamento para presionar la votación de su plan de seguridad y orden territorial, con el que se daría a conocer la estrategia del Gobierno para combatir la delincuencia.
Después de la aprobación de este plan, y en plena pandemia, el mandatario efectuó una de sus medidas más recordadas y polémicas al juntar semidesnudos, amontonados y esposados a miles de pandilleros presos, mezclando miembros de bandas rivales. Bukele dijo que fue una represalia por un supuesto anuncio de la Mara Salvatrucha en el que habría ordenado aumentar los crímenes en El Salvador.
Su más reciente monedazo al aire fue la implementación del bitcóin como moneda de circulación legal en El Salvador. Si bien aún los sueldos y pensiones en el país seguirán siendo pagados en dólares, Bukele también criticó a los opositores de la conocida como Ley Bitcóin. “La oposición torpe siempre juega ajedrez de un paso. Han apostado a meterle miedo a la población sobre la Ley Bitcóin”, dijo el mandatario.
El futuro de El Salvador con Nayib Bukele parece ser incierto, sobre todo con un presidente que ha mostrado todas las señales de querer convertirse en dictador, como muchos de los que han hecho sufrir al continente durante décadas.