El 16 de mayo las autoridades salvadoreñas confirmaron que un policía había sido asesinado, mientras estaba patrullando en el departamento de Chalatenango. Tras su deceso, el presidente, Nayib Bukele, lanzó una advertencia en la que aseguró que los responsables “pagarían caro” por el crimen contra uno de los “héroes” del país.
Casi dos semanas después; el mandatario Nayib Bukele anunció que, tras un operativo que involucró a miles de uniformados, se había arrestado a los tres presuntos responsables. También se anunció la captura “de más de 50 terroristas” y la destrucción de una clica (célula de grupo delincuencial).
Así lo informó el propio jefe de Estado en la jornada anterior. Este domingo 28 de mayo, el Ejecutivo comunicó otra acción contra el resto de integrantes de las pandillas que siguen funcionando y que hace quince días cobraron la vida del agente. “Aunque estamos ganando decisivamente la #GuerraContraPandillas, lanzaremos una ofensiva contra los remanentes de estas estructuras” ilegales, afirmó la Casa Presidencial en Twitter.
Por su parte; el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, agregó que su equipo tenía “el firme compromiso de erradicar por completo el cáncer de las pandillas de nuestra sociedad y, bajo el liderazgo de nuestro presidente, seguiremos implementando todas las medidas necesarias para conseguirlo. La #GuerraContraPandillas terminará hasta desarticular y sacar de las calles al último remanente de estos grupos terroristas”, aseveró.
“No volverán a causar terror”
El asesinato del uniformado, identificado como Maximino Vásquez, fue atribuido a integrantes de una de esas agrupaciones. Enseguida, las autoridades pusieron en marcha una de sus primeras acciones para hacer justicia. Esta incluyó un cerco militar con 5.000 soldados y 500 policías en la ciudad de Nueva Concepción, de unos 30.000 habitantes, unos 80 kilómetros al norte de San Salvador (la capital).
El propósito de esa ofensiva es “evitar cualquier intento de reagrupación, como estaba ocurriendo en Nueva Concepción”, se puntualizó.
Con la puesta en marcha de dicha medida, según Bukele, lograron destruir “su clica (célula), arrestamos a sus compañeros, arrestamos a su líder” y el viernes fueron aprehendidos “los 3 asesinos”, uno de ellos en un poblado guatemalteco no muy lejos con la frontera salvadoreña. Los detenidos “nunca más volverán a causar terror” en la nación centroamericana, aseveró.
Sigue vigente el estado de excepción
Las autoridades de ese país continúan en una “guerra” contra las pandillas bajo un estado de excepción declarado, en principio hace más de un año por la Asamblea Nacional, a pedido de Nayib Bukele. Lo anterior luego de que se viviera una escalada de homicidios que dejó casi 90 muertos entre el 25 y el 27 de marzo del año pasado.
Desde ese momento, de acuerdo con el balance oficial, han sido arrestados más de 68.000 presuntos pandilleros; no obstante, unos 5.000 han sido liberados por no estar vinculados a estas bandas, según informó recientemente el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
La lucha contra las pandillas cuenta con el respaldo de nueve de cada diez salvadoreños, según encuestas, pero organizaciones de derechos humanos y la Iglesia Católica han cuestionado la política de seguridad de Bukele. La semana pasada expertos de Naciones Unidas elevaron su preocupación por que no se esté cumpliendo con el debido proceso.
“El prolongado estado de excepción, junto con la legislación que permite una mayor vigilancia, un enjuiciamiento más amplio y una determinación más rápida de la culpabilidad y de la sentencia, conllevan el riesgo de violaciones masivas del derecho a un juicio justo”, recalcaron.
*Con información de AFP y Europa Press.