La llegada de Nayib Bukele a la presidencia representó un golpe para el histórico bipartidismo salvadoreño. El empresario millennial se mostró como el símbolo de la renovación política, un argumento de sobra para convencer a la población, hastiada por la corrupción de los últimos gobiernos. Pero Bukele, que durante sus casi dos años de mandato ha mostrado mano dura, incluso rozando el autoritarismo, marcó un peligroso precedente para la democracia salvadoreña.
Tras instalarse la nueva Asamblea Legislativa, en la que los partidos aliados de Bukele tienen mayoría (con 61 de los 84 escaños), el presidente destituyó a un grupo de jueces de la Corte Suprema y al fiscal general.En un acto que denominó “limpiar la casa”, acusó a sus opositores de no permitirle cuidar de la vida de sus compatriotas, pues habían bloqueado varias medidas presidenciales relacionadas con el manejo de la pandemia, la mayoría sobre regímenes de excepción.
La decisión representaría un peligro para la democracia y los ciudadanos, como le explicó a SEMANA Wilson Sandoval, maestro en Ciencia Política. Señala que el precedente “es preocupante, porque cuando no hay pesos ni contrapesos en una democracia, peligran los derechos humanos.
Cuando el Ejecutivo logra captar la Corte Suprema, la Asamblea Legislativa y la Fiscalía General de la República, uno puede preguntarse quién defiende al pueblo del poder. Algo complicado si todas las ramas están acaparadas por una sola persona, unificadas en un solo partido político”.
Estas actitudes de Bukele no son nuevas. Desde que llegó al poder, su principal obstáculo ha sido la oposición en el Congreso. Prueba de esto ocurrió el 9 de febrero de 2020, cuando ingresó al recinto parlamentario flanqueado por militares armados con fusiles, con el fin de presionar por un préstamo para su plan de lucha contra las pandillas.
Una muestra de sus actitudes autoritarias. Ahora, con ese número de aliados de Bukele es fácil que su coalición supere la llamada “mayoría calificada” en el Parlamento, que además de las funciones habituales de aprobar leyes, les permite ratificar préstamos y elegir a procuradores, fiscal general y magistrados de la Corte Suprema, así como a los integrantes del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Cuentas. El gobernante también podrá aprobar la deuda del presupuesto, superar vetos, suspender y restablecer las garantías constitucionales, entre otras facultades.
Pero esto no le ha impedido a Bukele gozar del apoyo del pueblo. Las últimas encuestas publicadas por el diario salvadoreño La Prensa Gráfica afirman que el 92,5 por ciento de la población aprueba su trabajo durante su primer año de gobierno. Para el experto, “el apoyo popular se ha generado por su discurso populista y caudillista. Las ideas que vende Bukele lucen geniales y pareciera que van a solucionar ciertos problemas. Además, la gente tiene un gran desencanto con la democracia salvadoreña, desencanto que Bukele ha sabido aprovechar.
El problema es que se está saltando los márgenes constitucionales”. Y agrega: “El apoyo popular no debe traducirse como un cheque en blanco, pues el presidente debe someterse a la Constitución para hacer lo que desea en materia de políticas públicas”.
La concentración del poder en El Salvador ha alertado a la comunidad internacional. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, calificó como “crítica” la salud de la democracia en aquel país si no se garantiza la independencia del poder judicial. La Organización de Estados Americanos rechazó categóricamente las destituciones, recordando que “en la democracia las mayorías tienen la responsabilidad de ser garantes fundamentales para asegurar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al Gobierno salvadoreño a respetar la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que declaró inconstitucional la votación de la Asamblea.
La situación es crítica. Cuando tanto poder está concentrado en una sola persona y no tiene el contrapeso suficiente, corrompe, y las actitudes autócratas del presidente no presagian nada bueno. La comunidad internacional deberá intervenir. Mientras tanto, Bukele se burla de todos los que lo llaman dictador. “¿Dictador? Los hubiera fusilado a todos o algo así. Salvar mil vidas a cambio de cinco, pero no soy un dictador”.