El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique, dijo este miércoles ante el Consejo Permanente de la OEA que Nicaragua está en “desacato permanente” de las resoluciones del tribunal.
“Nicaragua, pese a las medidas adoptadas por la Corte (...) no ha adoptado ninguna decisión en línea con lo que la Corte ha resuelto”, declaró el magistrado en una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington.
Agregó que el gobierno de Daniel Ortega persiste en un “desacato permanente”, pues no ha cumplido ninguna de las ocho resoluciones que la Corte emitió en los últimos dos años
Pérez Manrique desestimó el argumento de Managua de que las personas detenidas estaban “procesadas por comisión de delitos”.
“En el derecho internacional no se puede invocar el derecho interno para incumplir una decisión [de un tribunal] internacional”, expresó el magistrado uruguayo.
“Cuando el tribunal encuentra a un Estado en desacato permanente, como es el caso presente, el tribunal culmina su intervención y el camino que determina la Convención Interamericana [de Derechos Humanos] es ponerlo en conocimiento de los organismos de la OEA”, añadió.
El Consejo Permanente se limitó a tomar nota de lo expresado por el presidente de la Corte, que tiene su sede en San José, pero no adoptó ningún acuerdo al respecto.
La Corte había declarado en noviembre a Nicaragua en “desacato permanente” y este miércoles presentó el informe respectivo al Consejo Permanente.
En la reunión presentó su testimonio la activista nicaragüense Tamara Dávila, excarcelada el 9 de febrero en un grupo de 222 opositores presos que fueron expulsados del país y despojados de su nacionalidad.
Dávila indicó que todavía hay “37 personas presas políticas” en Nicaragua.
Contó que estuvo detenida desde junio de 2021 en una “celda sellada sin más contacto que el de mis carceleros” y fue puesta en confinamiento solitario al igual que otras presas, como la exguerrillera sandinista Dora María Téllez.
“La Corte [Interamericana] ordenó nuestra liberación en el año 2021 y esta orden fue desacatada. El desacato continúa, pues expatriación, destierro y exilio no es libertad”, agregó Dávila, quien pudo hablar en esta sesión porque el representante de Chile le cedió su lugar.
Nicaragua no participa en la OEA desde que anunció su “renuncia y retiro” del organismo, el 18 de noviembre de 2021. La separación será oficial cuando se cumplan dos años desde la notificación.
Managua ha ignorado las declaraciones y resoluciones de la OEA y sostiene que el organismo, y en especial su secretario general, Luis Almagro, siguen los dictados de Estados Unidos.
En abril de 2022, Nicaragua clausuró la oficina de la OEA en Managua y expulsó a sus representantes.
Golpe del régimen Ortega
La dictadura nicaragüense canceló este miércoles la personalidad jurídica de la Universidad Rubén Darío (URD), constituida en asociación, por supuestas irregularidades administrativas, una medida defendida por el gobierno de Daniel Ortega que ha servido para cancelar más de diez universidades desde inicios de 2022.
“La Universidad Rubén Darío (URD) está en incumplimiento de sus obligaciones conforme la ley ante la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro del MIGOB, ya que no reportaron sus estados financieros por cuatro años (2019 a 2022) y su junta directiva está vencida desde el 18/04/2022″, reza el acuerdo ministerial publicado La Gaceta, diario oficial del Gobierno.
En concreto, el texto recoge que la URD, con sede en Diriamba, en el departamento de Carazo, no reportó sus estados financieros “con desgloses detallados de ingresos y egresos”, por lo que “no promovieron políticas de transparencia en la administración de los fondos de la universidad”.
El régimen de Ortega le retiró la personalidad jurídica de numerosas ONG y organizaciones de la sociedad civil alegando supuestas irregularidades de tipo administrativo. Hace escasos 15 días, se produjo el cierre de la Universidad Panamericana de Nicaragua (Upan) y la Universidad del Pacífico (Unip), ambas instituciones privadas registradas como asociaciones.
Las universidades fueron uno de los focos de protestas en 2018, cuando miles de personas se manifestaron contra el Gobierno de Ortega en unas movilizaciones sin precedentes, por lo que en círculos opositores se entiende como otra medida represiva más por parte de las autoridades.
*Con información de la AFP y Europa Press.