Este miércoles se conoció que el régimen de Daniel Ortega ordenó el arresto del exvicepresidente y escritor Sergio Ramírez. De acuerdo con la Fiscalía de Nicaragua, se acusa a Ramírez por el delito de “incitación al odio y la violencia”. Además, señaló que Ramírez es acusado de recibir dinero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
Según lo explicado en el comunicado de la entidad, “los fondos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro en su mayoría iban destinados a financiar el Programa Medios para Nicaragua, pero en la práctica fueron destinados para otros fines que no eran los propios de la Fundación, como fue darles financiamiento a personas y organismos que buscaban la desestabilización de la buena marcha del desarrollo económico y social del país”, se lee.
La acusación se presentó el pasado martes y se solicitó orden de detención y allanamiento en contra del escritor. Cabe recordar que el pasado 1° de junio Ramírez estuvo ante el Ministerio Público como testigo por el caso de lavado de dinero por el que se está investigando a la aspirante a la presidencia Cristina Chamorro, de Barrios de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
En julio, Ramírez hizo un llamado a la solidaridad internacional, luego de la ola de arrestos en contra de dirigentes políticos opositores y empresarios. En su momento, Ramírez aseguró que la injusticia dictatorial en Nicaragua estaba tomando rehenes.
“La mano torpe de la injusticia dictatorial en Nicaragua está persiguiendo y tomando como rehenes a gente justa, mujeres y hombres dignos de todas las condiciones sociales, y aterrorizando sus hogares”, denunció. “Hago un llamado a la solidaridad internacional”, concluyó.
Ramírez fue vicepresidente de Nicaragua durante el primero gobierno de Ortega en el periodo 1985-1990; sin embargo, al igual que muchos, en la década de 1990 tomó distancia del líder de izquierda y fundó de la mano de otros intelectuales el Movimiento Renovador Sandinista (MRS).
La preocupación por la represión en Nicaragua sigue siendo fuerte, pues recientemente el régimen de Daniel Ortega canceló los registros y números perpetuos de seis organizaciones sin fines de lucro originarias de Estados Unidos y Europa, tras acusarlas de obstaculizar los controles internos del país.
Las ONG europeas a las que el Ministerio de Gobernación ilegalizó son la Fundación Oxfam Intermon (España), Oxfam Ibis (Dinamarca) y Diakonia (Suecia), según la resolución publicada en el Diario Oficial, La Gaceta. Las estadounidenses son International Republican Institute (IRI), National Democratic Institute for International Affairs (NDI) y Helping Hands The Warren William Pagel M.D. Fundation.
El ministerio de Gobernación (MINGOG) asegura que esas entidades han incumplido sus obligaciones legales y obstaculizaron “el control y vigilancia” del ministerio frente a sus estados financieros y de la recepción origen y beneficiarios de sus donaciones.
Con esta decisión, todos los bienes y activos de las ONG serán liquidados conforme los estatutos de constitución de cada organismo o pasarán a ser propiedad del Estado. En 72 horas debían presentar sus libros contables, de actas y registro de miembros. Las ONG, con varios años de estar en Nicaragua, prestaban asistencia, a través de organismos de la sociedad civil, a comunidades en defensa de derechos humanos, del medioambiente, programas contra la pobreza, agrícolas, de salud y educación.
Desde el 2018, en medio de una crisis política detonada por protestas antigubernamentales, se les ha cancelado la personalidad jurídica a 34 ONG locales a las que se suman estas seis internacionales, para un total de 40.
La medida ocurrió en momentos que Estados Unidos y la Unión Europea han aumentado la presión sobre el gobierno de Ortega, con sanciones a familiares y allegados para que libere a 33 opositores detenidos desde junio. Entre los prisioneros hay siete rivales de Ortega para las elecciones presidenciales del 7 de noviembre.
Nicaragua celebrará comicios generales el 7 de noviembre, cuando Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, buscarán la reelección frente a cinco partidos minoritarios y tras haber sacado del juego electoral a tres organizaciones políticas y encarcelado a siete dirigentes de la oposición que aspiraban a la presidencia.