En enfrentamiento entre Nicaragua y la OEA se sigue atizando, luego de que este martes, el gobierno nicaragüense, en cabeza de Daniel Ortega, revelara que ‘ya le tiene destino’ al inmueble que, hasta días pasados sirvió como sede de la organización internacional en Managua, y que el pasado domingo fue desalojado por la fuerza, luego de que autoridades locales irrumpieran desconociendo los derechos que le asisten a la representación diplomática allí asentada, y asegurando que el país anticipa su salida de la institución

En su declaración, el Gobierno nicaragüense afirmó que le dará una “utilidad pública” al inmueble de la OEA, argumentando que lo convertirá en un museo, tras arrogarse el poder sobre este.

“Ha sido declarado de utilidad pública y pasará al Estado” dijo la vicepresidente, vocero del Gobierno y primera dama, Rosario Murillo, quien advirtió que el inmueble será puesto bajo el control del Ministerio de Cultura, con el fin de construir el que, desde ya, denominó como “el museo de la infamia”.

El anuncio de Murillo fue hecho en el marco de su tradicional mensaje al pueblo nicaragüense, el cual es expresado a través de los medios nacionales.

En declaraciones recogidas por la Agencia AFP, Murillo afirmó “que más infame que ese ministerio de colonias”, arremetiendo contra la Organización que, en meses pasados, con ocasión de las elecciones en que, amañadamente se reeligió Ortega, advirtió las irregularidades, y denunció la táctica de poner presos a los opositores políticos.

El edificio al que hace referencia la primera dama y vicepresidente de Nicaragua, se refiere a una edificación de tres plantas, donde, hasta el pasado domingo funcionó la OEA, cuya operación fue detenida por miembros de la Policía nicaragüense por orden del Gobierno central, quienes expulsaron a los funcionarios, y desde la fecha custodian el lugar. La edificación está ubicada en una zona exclusiva de Managua.

Aunque según la carta constitutiva de la OEA, Organización de los Estados Americanos, de la cual Nicaragua es signataria, el procedimiento de salida de un país, representa un periodo de 2 años, a partir de la presentación de la carta en la que se manifiesta la desvinculación; tiempo que se emplea para que le país miembro pueda ponerse al día con todas las obligaciones que le competen como miembro aún activo, y con plenos derechos y deberes, el gobierno Ortega se abrogó el derecho de saltarse el proceso, y dar por terminado, de forma anticipada su vinculación.

En un comunicado difundido en horas del a noche por la Secretaría General de la OEA, el organismo recordó los deberes que le asisten a Nicaragua, y denunció el irrespeto a la carta constitutiva, más precisamente del artículo 33 del tratado internacional, recordando que en este se establece que los Estados firmantes deberán “garantizar la inmunidad de sus actividades en los países miembros”.

La carta de retiro de Nicaragua fue radicada en el mes de noviembre del año pasado, por lo que su vinculación se extiende hasta 2023.

En los últimos años, la OEA ha elevado peticiones al régimen Ortega para que se respete la democracia, y se corrijan una serie de irregularidades contenidas en sus normas electorales, que atentan contra la democracia, no obstante, el régimen Ortega ha hecho caso omiso de ello.

*Con información de AFP