Una operación militar desplegada por el gobierno de Venezuela busca expulsar a más de 10.000 mineros ilegales de la Amazonía, afirmó este martes el presidente Nicolás Maduro, al reconocer que esta actividad ha venido “destruyendo” ecosistemas vitales del país.
“Estamos desalojando a más de 10.000 ilegales con la presencia física en el territorio de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana” (FANB), indicó el mandatario durante un acto de ascenso de oficiales en Caracas. El avance de la minería ilegal “viene destruyendo la Amazonía de América del Sur (...) y de Venezuela”, remarcó Maduro, al referirse a despliegues militares para “liberar” la Amazonía y “los parques nacionales de Venezuela”.
Durante el fin de semana fueron desalojadas “1.281 personas” de manera “voluntaria”, informó el lunes el general en jefe Domingo Hernández Lárez, al frente de las operaciones.
La FANB ejecuta la “Operación Autana 2023″ en Yapacana, el parque nacional más extenso del país con 320.000 hectáreas, donde fue activado un “canal humanitario” para evacuar a mineros y sus familias.
En la zona, ubicada en el sur de Venezuela, hay presencia de mineros locales y otros procedentes de Colombia, Brasil y Ecuador, algunos de estos detenidos en diferentes procedimientos. Imágenes compartidas por autoridades militares muestran los daños, en algunos casos irreversibles, en zonas boscosas y ríos, prácticamente arrasadas por la minería ilegal.
Pobladores de la Amazonía entrevistados semanas atrás por AFP denunciaron el avance de la minería ilegal en sus territorios, así como la presencia cada vez mayor de indígenas en las minas, lo que marca un dramático cambio en sus hábitos ancestrales.
Proliferan, además, enfermedades como el cáncer por la ingesta de peces que crecen en ríos contaminados por el mercurio empleado para extraer el oro, lamentaron. La ONG SOS Orinoco denunció que 2.227 hectáreas en el Yapacana (unos 3.200 campos de fútbol) habían sido arrasadas por la minería ilegal en 2020, según un informe que acompañó con fotos satelitales.
Venezuela y su plan para apelar a la decisión de la CPI de reanudar investigación por crímenes de lesa humanidad
El régimen de Venezuela apeló la decisión de la Corte Penal Internacional, CPI, de reanudar la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro, al considerar que el fallo está sustentado en “falencias”, informó la cancillería el martes.
La decisión de Caracas fue notificada el lunes a la Sala de Apelaciones de la CPI, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
“En las próximas semanas y de conformidad con el procedimiento establecido, Venezuela consignará los elementos que respaldan su apelación, denunciando cada una de las falencias de la citada decisión (...) que resulta claramente contraria a la verdad y la justicia”, añadió el texto.
La Sala de Cuestiones Preliminares del máximo tribunal decidió el martes pasado autorizar la reanudación de la investigación por las denuncias de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Contradicciones
Las autoridades de Venezuela insisten en que los atropellos a los derechos humanos fueron castigados, perseguidos y juzgados por su propio sistema judicial, aunque opositores y expertos sostienen que las condenas a agentes del orden solo se emitieron para evitar el juicio.
La corte internacional considera que Venezuela “no parece estar investigando las alegaciones fácticas que subyacen a los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad”, señala.
“Las investigaciones nacionales en general parecen centrarse en los perpetradores directos y/o de rango inferior”, agregó la CPI en su decisión.
El gobierno de Maduro lamentó esa decisión al sostener que forma parte de una “ofensiva que abiertamente utiliza la institucionalidad” de la CPI con “fines políticos”.
Las autoridades venezolanas ratificaron que continuarán haciendo uso de “todas las acciones disponibles” para “defender la verdad”.
*Con información de AFP.