Hace unos días, el canciller venezolano, Yvan Gil, anunció la decisión del gobierno de “suspender las actividades” de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país, instalada en 2019, y ordenó la salida de su personal en 72 horas.
El anuncio sigue a un comunicado de la entidad de la ONU que expresó “profunda preocupación” por la detención de la activista venezolana Rocío San Miguel, crítica del presidente Nicolás Maduro y acusada de “terrorismo”.
“Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que, lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular del grupo de golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”, dijo Gil, quien indicó que la decisión se mantendrá “hasta tanto rectifiquen, públicamente, ante la comunidad internacional, su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas”.
Gil señaló que el Gobierno realizará “una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la carta de entendimiento firmada con dicha oficina en los próximos 30 días”, y ordenó “que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas”.
La oficina técnica de asesoría del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se instaló en Venezuela en 2019, cuando la expresidenta chilena Michelle Bachelet ocupaba esa posición. Antes de dejar el cargo, Bachelet dijo que veía progresos en materia de derechos humanos en Venezuela, pero que aún quedaba “mucho por hacer”.
Su sucesor, Volker Türk, visitó Venezuela en enero de 2023, cuando se acordó que la oficina seguiría operando por dos años más. Durante su estancia, animó a las autoridades a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente e insistió en tomar medidas para poner fin a las torturas.
En ese sentido, el mandatario Nicolás Maduro rompió el silencio sobre la decisión y explicó en el programa “Con Maduro +” que la oficina “se instaló, y de repente esa oficina se desvió. De ser una oficina de asesoría técnica, que debe respetar las instituciones, y más bien asesorar las reformas legales que el país necesita, asesorar las instituciones para que mejoren, de repente se transformó en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna”.
Y añadió: “Fuimos viendo con paciencia, se los dijimos una, dos, tres, diez veces, a todos los enlaces que tenían, y luego se transformó en lo que denominamos un bufete de abogados de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas de Venezuela”.
Y puntualizó: “Entonces aparecía una conspiración, un grupo de personas involucradas en un intento para matar al presidente de la República [...] entonces ellos eran los primeros que aparecían ‘queremos visitarlos’, como que Venezuela fuera una colonia, y aplicando lo que hemos dicho es colonialismo judicial, y Venezuela no está para colonialismo judicial”.
Vale la pena recordar que el comisionado se reunió entonces con diversos sectores de la sociedad civil, así como con autoridades del Gobierno, y atendió denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales. Señaló que hubo restricciones para acceder a algunos centros de detención en el país.