La pretendida consulta popular con la que el presidente Manuel Zelaya pretende convocar una Asamblea Constituyente para hacerse reelegir ha desatado una crisis política en Honduras. El Tribunal Superior Electoral había dictaminado que la consulta era ilegal, pues hace poco la oposición, que tiene mayorías en el Congreso, aprobó una ley que prohíbe las consultas populares 180 días antes o después de las elecciones generales. Y como las próximas elecciones presidenciales son en noviembre, la decisión obstaculizaría el deseo de Zelaya de mantenerse en el poder. El Tribunal ordenó al jefe de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez, no movilizar las urnas para realizar el certamen el domingo 28 de junio. Ante ello, el mandatario decidió destituirlo y aceptar la renuncia del ministro de Defensa, Ángel Edmundo Orellana. Esto ha generado un choque de trenes, pues la Corte Suprema ha ordenado restituir al militar en su puesto. De manera que la parálisis política del país centroamericano es total. Los militares han salido a las calles, con lo que ha quedado claro que el Presidente no los controla, y tanto el poder Legislativo como el Judicial están alineados contra el Ejecutivo. Así las cosas, Zelaya está solo en sus planes de reformar la Constitución.