Chile endureció las sanciones para quienes no respeten la cuarentena —con penas de hasta cinco años de cárcel—, en un intento desesperado por contener el avance de los contagios de coronavirus, que este jueves superaron los 225.000, mientras se acerca a los 4.000 muertos. A un mes de la imposición de la cuarentena general en Santiago, no se ha logrado disminuir la movilidad en esta ciudad, sobre todo en los sectores más poblados y más vulnerables de una capital donde viven siete de los 18 millones de habitantes del país. Las zonas con mayor densidad poblacional en la periferia, con mayor uso de la red de transporte público, así como los conjuntos de edificios altos con varios apartamentos por piso, conocidos popularmente como "guetos urbanos", se han convertido en foco de contagio en estas comunidades que albergan gran número de migrantes. La cuarentena en Santiago no ha logrado disminuir más allá de 30 % la movilidad, cuando los expertos señalan que para bajar el ritmo de los contagios la movilidad debe reducirse en al menos un 50 %. “Mientras mayor sea el nivel de cumplimiento de las cuarentenas, menor será la duración necesaria de las mismas y menor el grado de restricción de la libertad y alteración de la vida de las personas", dijo el presidente Sebastián Piñera, al promulgar este jueves una ley que aumenta las sanciones a quienes no respeten el confinamiento obligatorio. La normativa, aprobada en tiempo récord en el Congreso impone una pena de hasta tres años de cárcel a quienes infrinjan el confinamiento y de cinco años si la persona sabe que está en fase de contagio, imponiendo, además, multas a los empleadores que obliguen a una persona a trabajar. La normativa fue promulgada en momentos en que los contagios y el número de fallecidos no ceden en el país después de tres meses del primer contagio reportado. El parte oficial del jueves contabilizó 4.475 nuevos contagios en las últimas 24 horas y 226 fallecidos inscritos, para un total de 225.103 infectados y 3.841 fallecidos. La tasa de positividad entre el número de personas que se hicieron el test bordea el 24 %, de acuerdo con el reporte oficial, aunque expertos afirman que esta alcanza ya al 50 %. “Disminuir la movilidad es fundamental para disminuir la diseminación del virus y, obviamente, para evitar que este siga avanzando", dijo el jueves el ministro de Salud, Enrique París.
Poca adhesión a la cuarentena Una normativa laxa en la entrega de permisos de salida, la autorización para seguir funcionando a miles de empresas, el mal uso de los permisos y la demora en la entrega de las ayudas estatales a las clases trabajadoras más pobres son factores que contribuyen a la escasa adhesión al confinamiento estricto en Chile. Bajo el último decreto de cuarentena oficial para Santiago, el 15 de mayo, 174.000 empresas de un total de 427.000 fueron autorizadas para seguir operando, lo cual provoca que cerca de 2,3 millones de trabajadores sigan movilizándose por la ciudad. Los rubros permitidos para salir a trabajar son laboratorios, farmacias, veterinarias, bancos, empresas de correo y entregas a domicilio, supermercados, panaderías, centros de abastecimiento y ferreterías, entre otros. En Santiago puede haber tres farmacias-perfumerías en menos de 500 metros y durante la crisis todas han permanecido abiertas. También es posible realizar compras en línea de todo tipo a las tiendas por departamento locales, mueblerías y una cadena extranjera de artículos deportivos. Esta semana redujeron de cinco a dos el número de permisos de salida por semana y la instauración de un permiso único de trabajo, al que se sumaron funcionarios públicos, servicios de alimentación y comercio que sean esenciales. De acuerdo con un reporte de las Fuerzas Armadas, que están a cargo de controlar la cuarentena, de los 2,5 millones de controles callejeros que se hicieron la última semana, solo el 0,5 % de las personas no contaba con un permiso para trabajar.