La Corte Constitucional de Ecuador suspendió temporalmente este miércoles un reglamento del Gobierno que permite el uso progresivo de la fuerza a militares durante protestas sociales, normativa que ha sido criticada por organismos de derechos humanos. La Corte admitió una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo ministerial que permite a los militares ir escalando en el uso de la fuerza hasta llegar al empleo de armas letales y dispuso "la suspensión de su aplicación hasta que el Pleno adopte una decisión", informó la Defensoría del Pueblo en su cuenta de Twitter.
En la resolución de la Corte, divulgada por la Defensoría, se establece que la suspensión del acuerdo "no implica pronunciamiento sobre el fondo" de la acción de inconstitucionalidad. El reglamento, expedido a finales de mayo, consta de cinco niveles de uso de fuerza en protestas: desde el contacto visual e instrucciones verbales hasta "el uso de armas de fuego con munición letal". La Presidencia, el Ministerio de Defensa y el Congreso de Ecuador tienen 15 días para responder a la demanda.
La cartera de Defensa tiene, además, ocho días para presentar a la Corte los informes que dieron origen al acuerdo sobre el uso progresivo de la fuerza de militares durante manifestaciones. Hace una semana, Human Rights Watch (HRW) criticó el acuerdo al considerar que la participación de la milicia en protestas "podría alentar el uso de la fuerza letal". Agregó que "la participación de militares en operaciones de orden público es problemática para los derechos humanos debido a que no están entrenados para tareas policiales".
Dar a las Fuerzas Armadas "facultades que van más allá de las permitidas según estándares internacionales para el uso de la fuerza letal durante manifestaciones es una medida que podría generar graves abusos", señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, según un comunicado. La Defensoría del Pueblo de Ecuador y otras organizaciones habían presentado a inicios de junio demandas de inconstitucionalidad contra el acuerdo ministerial, por considerar que regula funciones de las Fuerzas Armadas no reconocidas en la Constitución. El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, expresó que el documento regula la actuación de las Fuerzas Armadas cuando en un estado de excepción deben controlar el orden público junto con la Policía. Según el Ministerio de Defensa, el uso progresivo de la fuerza se aplicará tras la evaluación de los oficiales a cargo de una operación militar y "el uso de las armas letales" se realizará "cuando exista una situación de agresión agravada" que ponga en peligro la vida de militares o terceros. En octubre pasado, durante protestas contra el alza del precio de combustibles que dejaron una decena de muertos y más de 1.300 heridos, el Gobierno ordenó la militarización de Quito. En plena pandemia también se desplegó la fuerza militar para el control de la movilidad, en medio de un estado de excepción.