Indignación ha despertado a través de las redes sociales, en el contexto internacional, el conocimiento público de una nueva medida dispuesta por el gobierno nicaragüense, en cabeza del presidente sandinista Daniel Ortega, que establece limitaciones a los turistas para el ingreso de cámaras fotográficas y de video.
Dicha normativa, según indican medios internacionales, también aplica para dispositivos asociados a la grabación de video como sistemas de luces y de captación de audio, y fue dado a conocer a través del departamento encargado de los servicios de aduana en Nicaragua durante la jornada del pasado 25 de enero de 2023.
Así, el comunicado fechado en el pasado 16 de enero, advierte que, a partir de la fecha, quedarán restringidos los accesos, al territorio nicaragüense de “cámaras fotográficas o cinematográficas de televisión, digitales o videocámaras bajo el régimen viajero”.
Así, la medida que despierta suspicacias hacia afuera del país, estaría relacionada con el interés de evitar que se capte, por parte de extranjeros, algunos detalles relacionados con la situación civil que actualmente marca a ese país, y que está enlodada por las denuncias de violación sistémica a los Derechos Humanos y el irrespeto a la Iglesia católica y los sectores de oposición.
De igual modo, esta nueva disposición se suma a una ley aprobada en el trimestre final de 2022, donde la Asamblea Nacional de Nicaragua estableció que una serie de controles a la industria fílmica que se desarrolla allí; incluso por parte de equipos extranjeros.
Así, la referida ley otrora aprobada por el órgano legislativo, señaló que será la Cinemateca Nacional el ente encargado de aprobar o rechazar todas las producciones fílmicas que se piensen desarrollar en el país, incluso aquellas que se encuentren en el periodo de estudio o preproducción.
La nueva norma que desincentiva además el turismo y que trastoca la privacidad
Con la nueva disposición anunciada por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes además de ser esposos, son presidente y vicepresidenta de Nicaragua, se establece que los viajeros que pretendan ingresar a ese país con equipos de fotografía y grabación, deberán contar con el aval de su gobierno.
En ese mismo sentido, y sin precisar si el gobierno de Nicaragua pretende examinar posteriormente el material captado por los dispositivos que se ingresen, la normativa también establece que serán la Cinemateca y la Aduana, los encargados también de aprobar la posterior salida de los dispositivos que a bien se tenga autorizado ingresar.
Así, según refieren medios internacionales que citan el comunicado del gobierno nicaraguense, se estableció que “el viajero, al momento de su ingreso al país, solamente puede introducir, como parte de su equipaje, un aparato fotográfico y un anteojo de larga vista”, advirtiendo a su vez que en caso de requerir una autorización para el ingreso de equipos aún mayores, esto deberá responder a nuevas y más exigentes normativas y aprobaciones.
Además de los dispositivos de captación de imagen, video y sonido, la restricción anunciada por Nicaragua también ha incluido el veto al ingreso de dispositivos binoculares, más aún, aquellos que poseen características que facilitan la visión nocturna, sobre los que se ha establecido que corresponden a uso privativo de los integrantes de la Policía y el Ejército en el territorio de ese país.
Lupa internacional sobre los DD. HH. en Nicaragua
A comienzos del mes de enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) solicitó, a Nicaragua, la adopción de “medidas urgentes” para la liberación de opositores al gobierno de Daniel Ortega detenidos en cárceles del país.
La referida solicitud fue presentada por el organismo internacional a través de un trino en su cuenta oficial en el que abogó por “la adopción de medidas urgentes para 11 personas privadas de la libertad en 3 centros de detención y sus núcleos familiares, en el marco de las medidas provisionales adoptadas en los asuntos”.
El organismo hizo mención puntual de uno de los detenidos; Juan Sebastián Chamorro y de “otras 45 personas privadas de su libertad en 8 centros de detención”, quienes también son considerados como presos políticos, señalando, que es necesaria la toma de medidas para “proteger y garantizar su derecho la vida, salud, acceso a alimentación adecuada e integridad personal”.
Actualmente, la lupa internacional también está sobre Nicaragua por el caso del obispo Rolándo Álvarez, quien se había convertido en cara visible de la Iglesia Católica en ese país, y su disputa con el régimen por los atropellos de los que frecuentemente son víctimas sus representantes, al ser señalados de cómplices e incitadores de las marchas de 2018.