El Parlamento de Japón aprobó en las últimas horas la subida de la edad mínima de consentimiento sexual de los 13 a los 16 años, un límite mínimo de edad que llevaba en vigor desde 1907 y que, según organizaciones para la protección de los derechos de las mujeres, amparaba un amplio arco de abusos contra las niñas y adolescentes del país.
Desde 1907, Japón tenía establecida en 13 años la edad a partir de la que se considera legalmente que un niño está facultado para dar consentimiento a una relación sexual.
Con el cambio se ubica en la línea de países como Reino Unido o España, también en 16 años, y por encima de otros como Francia (15 años) o Alemania y China (14 años).
Esta decisión tiene lugar en un día que la Dieta ha aprobado una reforma de la ley de delitos sexuales del país y que criminaliza a partir de ahora la grabación de imágenes de mujeres sin su consentimiento.
Todas estas revisiones, aprobadas por unanimidad, tratan de aclarar la ilegalidad del delito que supone el sexo sin consentimiento en Japón, donde el acto de la violación quedó legalmente identificado como “relación sexual por la fuerza” en 2017.
La nueva ley criminaliza incluso las situaciones donde la víctima no manifieste abiertamente su intención de resistirse, bien por los efectos del alcohol o de las drogas o por miedo a la posición social de su agresor, lo que pone punto y final a una circunstancia enormemente criticada de la ley anterior, por la que la víctima tenía que demostrar que había sido objeto de violencia o intimidación antes del abuso.
Aun así, la reforma establece una excepción para las parejas adolescentes con una diferencia máxima de edad de cinco años, a quienes no se perseguirá si los dos miembros tienen más de 13 años.
La última vez que Japón revisó su ley de delitos sexuales fue en 2017. Era la primera modificación de ese texto en más de un siglo, pero muchos activistas consideraron que se quedó corta. La nueva reforma también aclara los requisitos para una condena por violación, después de que una serie de controvertidas absoluciones en 2019 provocaran protestas a nivel nacional.
Aunque esta nueva ley criminaliza las relaciones sexuales con menores de 16 años independientemente de su consentimiento, introduce una excepción en el caso de las relaciones entre jóvenes de 13 a 15 años con otra persona que tenga menos de cinco años de edad más, siempre y cuando el contacto sea consentido, apunta la normativa recogida por la agencia oficial de noticias japonesa Kiodo.
Además, aumenta también el plazo para que prescriba el delito de relaciones sexuales no consensuadas, que pasa de 10 a 15 años, y si la víctima es menor de 18 años, dicho plazo no comenzará a contar hasta que cumpla esta edad, tipificada como la mayoría de edad en Japón.
La nueva ley aprobada el viernes enumera una serie de ejemplos que pueden constituir un delito de violación, como el hecho de que la víctima esté bajo la influencia de las drogas o el alcohol, que esté asustada o que el autor tome ventaja de su estatus social.
El aumento de la edad mínima de consentimiento “enviará un mensaje a la sociedad de que la violencia sexual contra los menores por parte de adultos es inaceptable”, declaró la oenegé japonesa Human Rights Now en un comunicado.
Organizaciones locales de protección a las mujeres han aplaudido esta reforma, aunque avisan que se queda corta dada la cultura de la violación instaurada en Japón. “Todavía queda muy lejos de la realidad que conforman los crímenes sexuales. En realidad, solo rasca la superficie”, explica la fundadora del grupo Be Brave Japan, Ikuko Ishida, al ‘Washington Post’.
En 2021, un diputado tuvo que dimitir tras indicar que le parecía raro acabar en la cárcel por mantener relaciones con un menor de 14 años. En la prefectura de Nagoya, un tribunal desestimó un caso contra un hombre acusado de violar a su hija desde los 14 a los 19 años porque la joven fue incapaz de demostrar que había rechazado abiertamente sus avances.
Ese año, la Policía Nacional de Japón identificó más de 5.000 arrestos por la toma de imágenes de mujeres sin consentimiento, el triple que en 2016.
Con información de AFP y Europa Press*