Familiares de los 43 jóvenes desaparecidos en 2014 en México afirman que ha habido falta de información en la pesquisa que realiza el gobierno, justo este martes en que se cumplen nueve años del estallido del caso, objeto de amplia notoriedad internacional.
“En el informe del Secretario de la Defensa Nacional no hay nada, no da respuesta, ni el presidente ni él (dan) respuesta a la información que solicitaron los padres de familia”, dijo a la prensa Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 jóvenes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, tras una reunión con representantes gubernamentales.
Rosales añadió que la investigación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se acerca más a “la verdad histórica”, como se llamó a la pesquisa del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), que apuntaba a que los estudiantes fueron detenidos por policías coludidos con criminales al ser confundidos con miembros de un cártel rival.
“Refiere que los estudiantes iban infiltrados, que se trataba de una disputa de los bandos del crimen organizado, reduciendo totalmente la responsabilidad al crimen organizado y a un aspecto meramente local, dejando de lado al ejército”, dijo Rosales.
López Obrador -quien niega que su gobierno oculte pruebas que incriminarían a militares en el caso- recibió la semana pasada a los familiares de los estudiantes.
Un grupo de investigadores, conformado tras un acuerdo entre el gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asegura que el ejército mexicano permitió la agresión a los estudiantes, la encubrió y luego no facilitó información veraz sobre lo sucedido.
Esa comisión concluyó el pasado 26 de julio las pesquisas iniciadas en 2015, alegando que el estamento militar se niega a entregar información sensible, por lo que resultaba “imposible” seguir adelante con su labor.
Denuncian además que el ejército aportó datos falsos, movió documentación para evitar su rastreo y ocultó evidencia del caso.
Los normalistas desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 tras dirigirse al municipio de Iguala, para tomar autobuses con los que pretendían viajar a Ciudad de México y participar en una manifestación.
Según las versiones oficiales, el cártel Guerreros Unidos los habría asesinado para después desaparecer sus cuerpos.
Aunque el noveno aniversario de la desaparición se cumple este martes, el jueves de la semana pasada se iniciaron una serie de movilizaciones.
En Ciudad de México, los padres y madres de los normalistas realizan un plantón ante la entrada 1 del Campo Militar 1, en Naulcalpan, donde reposa la información de todos los batallones del país.
Ellos consideran que entre esos expedientes está la verdad de lo que sucedió con sus hijos, de modo que esta movilización simboliza su exigencia de que el cuerpo militar entregue toda la información sobre el asunto.
Así mismo, el lunes pasado, cientos de manifestantes, algunos con los rostros cubiertos, protagonizaron el lunes una protesta violenta a las afueras del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), una agencia que depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Las instalaciones fueron atacadas con petardos y bombas incendiarias caseras, además de que sus paredes fueron pintadas con grafitis y la entrada fue vandalizada.
Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los jóvenes, manifestó su preocupación por la decisión de un juez de llevar adelante una acción que presentaron los abogados de algunos de los militares detenidos por presuntas irregularidades en el proceso.
Rosales negó que a los militares detenidos se les hayan dictado cargos por la desaparición de los estudiantes de magisterio de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, estado de Guerrero, y afirmó que los procesos que enfrentan es por la “colusión con el grupo delictivo de Guerreros Unidos”, que es señalado de participar en la desaparición de los 43 jóvenes junto con elementos de corporaciones de seguridad locales y estatales.
Por el caso, han sido detenidos una docena de militares y el exprocurador Jesús Murillo Karam, quien fue vinculado a proceso el año pasado por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.
Entre los militares detenidos, están el general retirado José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Pirita Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel.
*Con información de AP y AFP