El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, fue sancionado por la Contraloría General de ese país junto a otros 27 exdiputados del Parlamento, por supuestamente negarse a entregar una declaración juramentada respecto al patrimonio que posee cada uno.
“Algo tienen que ocultar. Sabemos que estos personajes están involucrados en hechos de corrupción, se han apoderado del dinero de todos los venezolanos”, dijo Elvis Amoroso, contralor de Venezuela, en entrevista con la cadena nacional.
Por lo tanto, Guaidó y sus compañeros quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 15 años, en una sanción que también cobija al exdiputado Julio Borges, quien ejerce como comisionado del presidente interino para las relaciones exteriores, o Sergio Vergara, quien fuera mano derecha del líder opositor.
“Es oportuno recordar al pueblo venezolano que la declaración jurada de patrimonio es un instrumento moralizador, que constituye un mecanismo de control preventivo en la lucha contra la corrupción y la vigilancia de la conducta del servidor público”, agregó Amoroso.
Por el momento, Juan Guaidó no ha reaccionado ante la decisión que tomó la Contraloría. Quien sí lo hizo a través de su cuenta en Twitter fue Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional: “Que el usurpador de la Contraloría haga un anuncio de inhabilitaciones es algo que simplemente desconocemos. Trabajamos por el Zulia y por la liberación de Venezuela, eso es lo único que nos desvela. Lo que el cobarde de Miraflores y sus cómplices hagan nos tiene sin cuidado”.
Lo mismo hizo el diputado Freddy Guevara: “El pueblo me eligió diputado, la dictadura me quitó la libertad por tres años y ahora me inhabilita (junto al Pdt Guaidó y 28 colegas) por 15. La verdad es que ya mi familia, formación y valores me habían inhabilitado para participar en fraudes. La lucha es para salvar a Venezuela”.
Vale destacar que Guaidó junto a otros exdiputados se reúnen bajo una instancia denominada comisión delegada. Se trata de una figura que ellos fijaron en diciembre de 2020 para prolongar el mandato que entonces ejercía como jefe del Parlamento.
Dicha comisión, la cual es una figura que el Parlamento activa cuando se encuentra en período de receso, es reconocida por países como Estados Unidos o Colombia, aunque en Venezuela perdió su validez tras la instalación del nuevo ente Legislativo que es controlado por el chavismo.
Por otra parte, el pasado lunes, el Consejo de la Unión Europea anunció la inclusión de 19 funcionarios venezolanos en la lista de personas sancionadas por su papel en “decisiones que socavan la democracia y el Estado de Derecho” en ese país.
La decisión afecta, entre otros, al comandante de policía Remigio Ceballos; al gobernador del estado de Zulia, Omar José Prieto; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonzo, y dos diputados de la Asamblea Nacional.
“Las personas añadidas a la lista son responsables, en particular, de socavar los derechos electorales de la oposición y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, y de graves violaciones de los derechos humanos y restricciones de las libertades fundamentales”, dijeron los ministros de Exteriores de la UE en una nota.
Por lo tanto, ascendió a 55 el número de venezolanos que son objeto de sanciones de la UE.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este martes por unanimidad solicitar al Ejecutivo que declare persona no grata a la representante de la UE, Isabel Brilhante Pedrosa, y la expulse del país.
“Con mis dos manos levanto para pedir que se declare persona no grata a la representante de la Unión Europea, mis dos manos levanto para exhortar que se revise las condiciones en las que existe una oficina de la Unión Europea aquí en Venezuela”, dijo durante la sesión el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez.