La Organización de los Estados Americanos (OEA) decidió este jueves enviar “un grupo de alto nivel” a Perú después de que el presidente izquierdista Pedro Castillo, investigado por corrupción, le pidiera ayuda para superar la crisis política.
En una sesión extraordinaria en Washington, el Consejo Permanente, órgano ejecutivo de la organización, adoptó por aclamación la resolución de “respaldo a la preservación de la institucionalidad democrática” en Perú y llamó “a todos los actores” a actuar dentro “del estado de derecho”.
La OEA designó a “un grupo de alto nivel conformado por representantes de los Estados miembros, en concordancia con la Carta Democrática Interamericana, para que realice una visita al Perú con el fin de hacer un análisis de la situación” y luego informe de ello al Consejo.
Castillo pidió activar los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana, un instrumento aprobado en 2001 para promover los principios democráticos entre los Estados de la región.
El artículo 17 contempla que un país pueda “solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de su institucionalidad democrática” si considera que “está en riesgo” y el 18 permite visitas y gestiones para analizar la situación, siempre que lo autorice el gobierno afectado.
Castillo pidió a la OEA “iniciar un proceso de consultas con todas las fuerzas políticas, los poderes del Estado y las fuerzas sociales” en busca de “un camino que impida una grave alteración del orden democrático en el Perú”.
Perú atraviesa una aguda crisis política en la que Castillo, en el poder desde julio de 2021 para un mandato de cinco años, enfrentó dos intentos de destitución en el Congreso (dominado por la oposición) y fue sometido a seis investigaciones fiscales por presunta corrupción, de la que también se acusa a su círculo familiar y político más cercano.
Esta semana la Fiscalía denunció a Castillo formalmente ante el Parlamento, un proceso que puede conducir a un antejuicio político y la suspensión del presidente, quien se considera víctima de una campaña para sacarlo del poder.
El mandatario calificó la denuncia de la Fiscalía de “golpe de Estado”.
Este jueves la OEA respaldó al gobierno peruano y la “preservación de la institucionalidad democrática” y recordó que todas las instituciones del Estado están subordinadas constitucionalmente a la autoridad civil.
Además, se declara dispuesta a “brindar apoyo y cooperación” mediante gestiones “para promover el diálogo y el fortalecimiento de su sistema democrático de gobierno”.
190 pruebas contra Castillo
En las últimas horas, la Fiscalía de ese país señaló que en el marco de la denuncia constitucional presentada contra el mandatario se cuenta con 190 elementos probatorios que avalan la identificación de Castillo como líder de una organización criminal.
Según afirmó el fiscal adjunto supremo Marco Huamán en rueda de presa, cada una de las imputaciones estipuladas por la Fiscalía peruana sobre el presidente Castillo tienen su material probatorio correspondiente.
“Esta denuncia contiene una serie detallada de imputaciones y cada imputación tiene un correlato probatorio. Este acervo probatorio de más de 190 elementos sustenta detalladamente cada marco de la acusación para que la defensa ejerza el derecho que le corresponde”, dijo.
Según la Fiscalía, Castillo sería el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con Silva, así como con funcionarios de Provías Nacional y Provías Descentralizado, del Despacho Presidencial y de empresarios y terceros, para favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.
*Con información de AFP.