“La democracia de Guatemala se encuentra sometida a unas de sus pruebas más difíciles” ante “las amenazas del Ministerio Público”, afirmó el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, durante una sesión del Consejo Permanente, su órgano ejecutivo.
Luis Almagro arremetió contra la fiscalía al acusarla de haberse transformado en un instrumento manipulado por los “malos perdedores políticos”, quienes buscan culpar al árbitro, en este caso, al Tribunal Supremo Electoral (TSE), por los resultados de las elecciones, generando un impacto negativo en el proceso de transición política.
En un comunicado amplio, Almagro expresó su preocupación por la situación política en el país y destacó que la fiscalía ha obstaculizado la investidura del presidente electo, Bernardo Arévalo, durante varios meses.
La investidura, programada para el 14 de enero, ha enfrentado numerosos obstáculos por parte de la fiscalía, que ha cuestionado la validez de las elecciones, incluso después de que el Tribunal Supremo Electoral confirmara el triunfo del candidato socialdemócrata.
Con 29 votos a favor, uno en contra (el de Guatemala), la abstención de El Salvador y la ausencia de Haití, la OEA aprobó una resolución que condena las “acciones contra el estado de derecho que arriesgan la transición” en el país latinoamericano. Además, activó el artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana, un instrumento aprobado en 2001 para promover los principios democráticos entre los Estados de la región.
La activación de este artículo, que permite visitas y gestiones para analizar la situación, siempre que lo autorice el gobierno afectado, es precisamente lo que llevó a Guatemala a oponerse a la resolución, según explicó en un vídeo el canciller Mario Búcaro.
La OEA pide solicitar “con urgencia el consentimiento del gobierno de Guatemala para recibir una visita de buenos oficios del Consejo Permanente cuanto antes”, se lee en el texto redactado tras arduas negociaciones.
Días después de denunciar un “intento de golpe de Estado” en el país, la OEA condena las “acciones desestabilizadoras” de la fiscalía que tienden “a despojar de la investidura al presidente electo”.
Encrucijada crítica
Arévalo, un sociólogo de 65 años, sostiene que la fiscalía busca evitar que asuma el poder porque algunos sectores temen la lucha anticorrupción que ha prometido librar en el país. El canciller guatemalteco lo desmintió diciendo que el proceso de traspaso sigue su curso.
Estados Unidos está preocupado. “Guatemala se encuentra en una encrucijada crítica y las decisiones que se tomen en los próximos días tendrán profundas consecuencias no solo para la nación misma, sino para toda la región e incluso generaciones futuras”, opinó su embajador ante la OEA Francisco Mora.
“No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se erosionan los cimientos de nuestra democracia y se ignora la voluntad del pueblo”, añadió un día después de que Washington restringiera el visado a casi 300 guatemaltecos, incluidos más de 100 miembros del Congreso.
El martes, un grupo compuesto por cinco senadores estadounidenses emitió un comunicado en el que instan a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, a garantizar la defensa del estado de derecho en el país. En el documento, los senadores expresaron su preocupación por el actual contexto político y solicitaron a la fiscal general que tome medidas concretas para salvaguardar los principios fundamentales de la democracia.
En particular, los legisladores dirigieron un llamado al presidente Alejandro Giammattei, destacando su posición como líder del país y expresando la importancia de que abogue activamente por el respaldo y respeto a una transición pacífica del poder.
Enfatizaron en la necesidad de que las instituciones guatemaltecas desempeñen un papel fundamental en este proceso, subrayando que la transición pacífica del poder es un componente esencial de cualquier democracia saludable.
*Con información de AFP.