La Organización de Estados Americanos (OEA) reclamó la liberación de la activista venezolana Rocío San Miguel, la cual fue calificada como un “atropello injustificable”, según palabras del secretario general Luis Almagro, quien además crítico la “criminalización de los defensores de los Derechos Humanos”.
Almagro ha condenado además la “detención arbitraria” de varios familiares de San Miguel, incidiendo en que se trata de “una acción repudiable e infame”, según un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha descrito la detención de la activista como una “desaparición forzada” y ha instado a las autoridades venezolanas “a informar sobre su paradero y asegurar el respeto a sus garantías judiciales y presunción de inocencia”.
La Fiscalía le imputa delitos de traición, conspiración y terrorismo, derivados de un supuesto plan para atentar contra el presidente Nicolás Maduro, por lo que solicita a la Justicia que mantenga a la activista en detención provisional. El equipo legal de San Miguel ha denunciado que otros cinco familiares han sido detenidos.
Al respecto, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este lunes que le solicitará a la Justicia del país medidas de privación judicial preventivas de libertad contra la defensora de Derechos Humanos y presidenta de la organización Control Ciudadano, Rocío San Miguel.
“El Ministerio Público (...) solicitará ante el Tribunal Segundo Contra Terrorismo medidas de privación judicial preventiva de libertad en contra de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa por: la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo, asociación, entre otros”, publicó Saab en su cuenta de la red social X, antes Twitter.
Además, confirmó que pedirá la misma medida para Alejandro José Gonzales de Canales Plaza, por la “revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de Justicia y asociación”.
Saab también aseguró que instará a adoptar medidas cautelares contra otros cuatro ciudadanos arrestados, si bien no ha especificado sus identidades.
El equipo legal de San Miguel denunció este lunes la “desaparición forzada” de cinco familiares entre los que se encuentran su hija, Miranda Díaz San Miguel, y su exmarido y padre de su hija, Víctor Díaz Paruta. También han sido detenidos dos hermanos de San Miguel, Miguel Ángel y Alberto.
Fuentes cercanas a San Miguel citadas por el diario venezolano El Universal indicaron que fue detenida el 9 de febrero cuando intentaba salir del país en el aeropuerto Simón Bolívar. Su detención estaría relacionada con las investigaciones por los casos de conspiración denunciados por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
El Gobierno venezolano informó sobre la expulsión de más de 30 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, implicados en estas conspiraciones, que, según la versión de las autoridades, incluían un magnicidio.
La retención ocurre en un contexto del anuncio del Gobierno venezolano de haber neutralizado cinco “conspiraciones” de magnicidio, en las que la justicia venezolana señala a militares, periodistas y activistas.
Una de ellas, denominada Brazalete blanco, en la que supuestamente está involucrada San Miguel, consistía en el ataque a una base militar en Táchira, en la frontera con Colombia, para tomar armas y asesinar a dirigentes del chavismo. Amnistía Internacional pidió su “libertad inmediata e incondicional”.
“Consecuentes con nuestro mandato, exigimos su inmediata libertad y denunciamos que este nuevo abuso forma parte de la penosa práctica de persecución contra quienes defienden y ejercen derechos”, publicó la ONG especializada Provea.