A Guadalupe Payán, tesorero de un municipio de Chihuahua, lo mataron el lunes. A Homero Bravo, precandidato por la Alcaldía de Zihuatanejo, lo balearon el sábado. Dos días antes, atacaron a tiros a Aarón Varela Martínez, aspirante a alcalde en Puebla, y horas después falleció en el hospital. La semana pasada, Antonia Jaimes Moctezuma murió asesinada en su restaurante y al día siguiente el cuerpo sin vida de Dulce Nayeli Rebaja apareció en el baúl de un carro. Las dos eran candidatas a diputadas locales en Chilapa. Y la lista continúa. En los últimos cinco meses fueron asesinados 7 alcaldes, 9 exalcaldes, 15 precandidatos, 12 regidores y 8 dirigentes partidistas en México.Puede leer: Marichuy la mujer indígena que está estremeciendo a MéxicoCon este panorama, el país azteca empezará oficialmente el periodo de campañas políticas el 30 de marzo. Con más de cinco meses para las elecciones, las condiciones particulares de este año electoral son un caldo de cultivo que agudiza la violencia contra servidores públicos, políticos y candidatos. No solo se trata de los comicios más grandes en la historia del país –se renuevan 3.416 cargos de elección popular entre diputados, alcaldes, gobernadores y presidente–, sino que, además, se celebran justamente cuando el crimen organizado bate sus propios récords de violencia.México cerró 2017 con un promedio de 80 asesinatos diarios, el índice más alto de los últimos 20 años. Y desde que el presidente Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico en 2007, el poder político se convirtió en una de las victorias más codiciadas. Como dijo a SEMANA Sandra Ley, politóloga del Centro de Investigación y Docencia Económicas de México, “los grupos criminales extraen recursos del erario municipal y a través de las instituciones locales ejercen la extorsión y el secuestro, y ejecutan o desaparecen a quienes se oponen a su dominio”.Le sugerimos: La pesadilla de México con TrumpNo es un fenómeno nuevo. Por el contrario, la irrupción de la violencia en la política deja a 114 alcaldes y exalcaldes muertos en la última década, un promedio de 11 asesinatos por año. En las presidenciales de 2012, que ganó Enrique Peña Nieto, la violencia adquirió una nueva dimensión con la muerte del candidato a gobernador de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú. Se trató del magnicidio de más alto nivel desde 1994, cuando un sicario asesinó en Tijuana al candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio.Sin embargo, a pesar de estos antecedentes y con más de 20 ciudades en estado crítico por violencia narco, las autoridades no parecen darle la importancia que merece esta reciente ola de asesinatos. Como el fenómeno no ha impactado de lleno en los grandes centros urbanos, las investigaciones no trascienden al ámbito federal y con frecuencia las muertes se atribuyen a líos de faldas o problemas personales antes que a crímenes políticos. No hay un seguimiento oficial de estos episodios y, en vez del Estado, las organizaciones sociales tienen que consolidar las cifras. “El gobierno central es responsable porque actuó mal o por omisión. La cooperación ha estado condicionada por sesgos partidistas y por el uso electoral de la política de seguridad y de procuración de justicia”, concluye Ley.Le recomendamos: Campaña rusa de desestabilización podría llegar a MéxicoEste lunes, el secretario general de la Organización de Estados Americanos manifestó su preocupación por el alto número de políticos, precandidatos, dirigentes y periodistas muertos en lo que va del proceso electoral. No sin justa causa. A este cuadro se suman los temores de que esta oleada de violencia llegue a la campaña presidencial, en la que el líder opositor Andrés Manuel López Obrador encabeza las encuestas. La sola sospecha de un fraude podría ser la chispa que encienda un país que parece estar sentado en un barril de pólvora.