La Corte Penal Internacional deberá resolver el caso de uno de los peces más gordos que han pasado por sus estrados. Sudán entregará a la Corte Penal Internacional (CPI) a varios exdirigentes, entre ellos el derrocado presidente Omar al Bashir, buscados por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra durante el conflicto en la región de Darfur, indicó el miércoles la ministra de Relaciones Exteriores.
“El Consejo de Ministros decidió entregar a las personas buscadas a la Corte Penal Internacional”, dijo Mariam al Mahdi, citada por la agencia oficial de prensa Suna, durante una reunión con el nuevo fiscal del tribunal con sede en La Haya, Karim Khan, que se encuentra en Jartum.
El conflicto en Darfur, en el oeste del país, enfrentó desde 2003 al régimen de mayoría árabe de Al Bashir contra los rebeldes de minorías étnicas que se consideraban marginados. Causó unos 300.000 muertos y cerca de 2,5 millones de desplazados, la mayoría durante los primeros años de combates, según Naciones Unidas.
Omar al Bashir, de 77 años, fue derrocado en abril de 2019, tras tres décadas en el poder, víctima de un movimiento popular inédito.
En febrero de 2020, el gobierno de transición puesto en marcha después de su caída se comprometió, verbalmente, a favorecer la comparecencia de Omar al Bashir ante la CPI, que emitió hace diez años órdenes de arresto contra él y contra otros responsables de su régimen, por “crímenes contra la humanidad” y “genocidio” en Darfur.
La corte internacional no comentó la decisión sudanesa, pero anunció una rueda de prensa el jueves a las 16H30 locales (14H30 GMT) en Jartum con la participación de su nuevo fiscal Karim Khan.
Los otros dos exdirigentes del régimen que serán entregados a la CPI son el exgobernador del estado de Kardofán del Sur, Ahmed Haroun, y el exministro de Defensa, Abdel Rahim Mohamed Hussein, buscados por los mismos motivos. Fueron arrestados tras el derrocamiento de al Bashir y están detenidos en Sudán.
“Justicia para las víctimas”
Un histórico acuerdo de paz firmado en octubre de 2020 entre el gobierno de transición y varios grupos rebeldes insistía en la necesidad de “una cooperación completa e ilimitada” con la CPI.
En esta línea, la semana pasada el gabinete de gobierno sudanés votó a favor de la ratificación del Estatuto de Roma de la CPI.
Este miércoles, la ministra sudanesa subrayó la “importancia” de la cooperación con el tribunal de La Haya “para obtener justicia para las víctimas de la guerra de Darfur”.
El martes, el fiscal general de Sudán, Mubarak Mahmud, dijo, tras reunirse con Khan, que su oficina estaba dispuesta a “cooperar con la CPI en todos los casos, especialmente en los relacionados con las víctimas de Darfur, para que se haga justicia”.
La organización de defensa de derechos humanos Amnistía Internacional pidió que los “horribles crímenes” de Bashir no queden impunes, refiriéndose al genocidio de Darfur.
Al Bashir, declarado culpable de corrupción en 2019, está detenido en la prisión de Kober, en Jartum.
También está siendo juzgado por la justicia sudanesa por su papel en el golpe de Estado que lo impulsó al poder en 1989, pero su proceso ha sido postergado varias veces desde julio de 2020 por los recursos presentados por sus abogados.
En julio, la CPI anunció que un dirigente de las milicias Janjaweed de Sudán y exaliado de Bashir será el primer responsable en ser juzgado por crímenes de guerra y contra la humanidad en el conflicto de Darfur.
Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, también conocido por el nombre de guerra de Ali Kushayb, tendrá que responder por 31 cargos ante la CPI, entre ellos asesinato, violación y tortura, informó el tribunal. El hombre de 70 años, que se entregó el año pasado tras más de una década prófugo, niega los cargos.
Reportaje de AFP.