La misión internacional independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió un comunicado a través de las redes sociales en el que asegura que “el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, requerido para auditar los resultados electorales anunciados por el CNE”, carece de independencia e imparcialidad para dar un veredicto sobre los resultados.
“Alertamos sobre la falta de independencia e imparcialidad del Tribunal Supremo de justicia y el Consejo Nacional Electoral de Venezuela que han desempeñado un papel dentro de la maquinaria represiva del Estado”, dice el texto publicado a través de un video en las redes sociales de la ONU.
Según la presidenta de la Misión Internacional, Marta Valiñas, “el Gobierno ejerce una injerencia indebida sobre las decisiones del TSJ a través de mensajes directos a magistrados y declaraciones públicas del presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello”.
Por su parte, Francisco Coz Vial, miembro de la misión independiente, aseguró que en 2022 la Asamblea Nacional modificó la membresía del Comité de Postulaciones Judiciales, para ser controlada por la misma asamblea de mayoría gubernamental y eligió a los actuales 20 magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, acusado de servir al chavismo gobernante, certificó en las últimas horas la reelección del presidente Nicolás Maduro para un tercer mandato de seis años, tras denuncias de fraude por parte de la oposición.
“Certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024, emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período constitucional 2025-2031. Así se decide”, rezó la sentencia que leyó Caryslia Rodríguez, presidenta de la máxima corte.
La misión internacional independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU había pedido al Gobierno de Venezuela cesar la “creciente represión” tras las presidenciales del 28 de julio e investigar “exhaustivamente” las muertes registradas en las protestas que se desencadenaron tras denuncias de fraude.
Nicolás Maduro fue proclamado presidente reelecto para un tercer mandato con el 52 % de los votos frente al 43 % del opositor Edmundo González Urrutia, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE), de línea oficialista, no ha publicado el detalle del escrutinio, lo que alentó manifestaciones en todo el país.
“Las muertes denunciadas en el marco de las protestas deben ser investigadas exhaustivamente y, de confirmarse un uso abusivo de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados actuando con la connivencia de dichos cuerpos, los responsables deben rendir cuentas”, afirmó Marta Valiñas, presidenta de la misión sobre Venezuela, citada en un comunicado emitido el pasado 12 de agosto.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó a principios del mes de agosto que la Misión de Determinación de los Hechos “se quiere atribuir una investigación que no le compete” y sigue “actuando contra Venezuela”.
*Con información de la AFP.