Un enviado de la ONU exhortó el viernes al gobierno de Ecuador a mejorar la aplicación de las leyes laborales y ponerles fin a los populares subsidios al combustible, parte de cruciales cambios que se requieren junto con el combate a los delitos relacionados con las drogas que han socavado la imagen pacífica del país.
El informe emitido por Olivier De Schutter, relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, culpó al gobierno de no actuar enérgicamente para acabar con el trabajo en régimen de servidumbre —especialmente entre las minorías—, e hizo notar la falta de oportunidades económicas, la cual ha permitido que los grupos criminales recluten a nuevos miembros. Dijo que el dinero que se destina a los subsidios al combustible más bien debería ser erogado en programas sociales.
“Mi mensaje al gobierno es que necesitamos tratar la inseguridad como un problema de pobreza y de falta de oportunidades económicas”, le dijo De Schutter a The Associated Press antes de la publicación del informe. “La respuesta no puede ser sólo de tipo policial”.
El informe de De Schutter hace énfasis en que aproximadamente el 34% de los habitantes de Ecuador de entre 15 y 24 años viven en la pobreza. Le dijo a la AP que muchos de los jóvenes que abandonaron la escuela durante la pandemia de COVID-19 nunca regresaron a las aulas y han sido reclutados fácilmente por las pandillas.
El informe fue dado a conocer casi un mes después de que Ecuador se vio sacudido por el asesinato a plena luz del día del candidato presidencial Fernando Villavicencio. El homicidio del 9 de agosto dejó ver el frágil estado de la seguridad del país. Villavicencio fue asesinado a tiros a pesar de que contaba con un equipo de seguridad con policías y guardaespaldas.
Al menos otros dos políticos han sido asesinados desde el homicidio de Villavicencio, y la semana pasada cuatro coches bomba y otros dispositivos explosivos estallaron en varias ciudades, incluida la capital Quito.
Las autoridades ecuatorianas atribuyen el incremento de la violencia en el país durante los últimos tres años a un vacío de poder desatado por el asesinato en 2020 de Jorge Zambrano, alias “Rasquiña” o “JL”, líder de la banda local Los Choneros. Sus miembros llevan a cabo homicidios por encargo, manejan operaciones de extorsión, trasiegan y venden drogas, y gobiernan prisiones.
De Schutter se reunió con el presidente Guillermo Lasso, con representantes de su gobierno, con miembros de la comunidad afroecuatoriana y con grupos indígenas, entre otros.
El informe critica lo que dice es la poca aplicación de las leyes laborales, y hace notar que el país sólo tiene 140 inspectores, de acuerdo con cifras gubernamentales. De Schutter dijo que ese número es insuficiente, y que los inspectores “cuentan con muy pocos recursos” para proteger a la gente de tener que trabajar bajo formas de esclavitud moderna.
El informe señaló que algunas familias afroecuatorianas, en las que hay niños de apenas 12 años, llevan a cabo “trabajo remunerado significativamente por debajo del salario mínimo en una forma de servidumbre por deudas”.
De Schutter dijo que Lasso y Henry Valencia, viceministro del Trabajo, se comprometieron a enviar inspectores laborales a tres plantaciones de gran tamaño “para básicamente rescatar a unas 170 familias en total” de trabajos en condiciones de servidumbre.
La presidencia de Lasso concluirá en diciembre. El informe exhorta a su sucesor a implementar una reforma fiscal gradual que reasigne los gastos destinados a los subsidios al combustible —que el año pasado sumaron 4.500 millones de dólares— a programas sociales que cubran las necesidades de los pueblos indígenas y de los afroecuatorianos.
Esa cantidad equivale aproximadamente al presupuesto del Ministerio de Educación y a cuatro veces las erogaciones asignadas a la asistencia social.
Cualquier cambio así enfrenta una lucha cuesta arriba.
En 2019, un paquete de austeridad que recortó los subsidios a los combustibles desató protestas, saqueos, vandalismo, choques con las fuerzas de seguridad, bloqueos de carreteras y la suspensión de operaciones en partes de su crucial industria petrolera. Los disturbios encabezados por comunidades indígenas obligaron al entonces presidente Lenín Moreno a retirar la medida.
Una eliminación gradual de los subsidios a los combustibles, “combinada con un incremento significativo en los niveles de asistencia social e inversiones en salud y educación en las comunidades más pobres, sería benéfica tanto para esas comunidades como para el país en general”, señala el informe.
*Con información de AP.