La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha llamado este miércoles a Venezuela a que “garantice una investigación independiente” sobre la muerte del exministro de Defensa venezolano Raúl Baduel, quien estaba encarcelado por traición a la patria e instigación a la rebelión.
“Lamentamos profundamente la muerte en detención de Raúl Baduel”, ha escrito la oficina en su perfil de la red social Twitter después de que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunciase en la víspera que el exministro había fallecido por un paro cardiorrespiratorio producto de la covid-19.
Al respecto, la oficina ha instado al vecino país también a “garantizar la atención médica para todos los detenidos”, así como a “considerar medidas alternativas a la detención” y “liberar a aquellos en detención arbitraria”.
Ante esta petición, el Gobierno venezolano ha mostrado su rechazo “categórico” y ha defendido, en un comunicado del Ministerio de Exteriores, que en el país “garantiza a todas las personas privadas el disfrute de sus Derechos Humanos, incluyendo el derecho a la debida atención médica, de conformidad con lo previsto en Constitución y los tratados internacionales ratificados por la República”.
La cartera ha destacado que la propia oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha “constatado” esto “en las 33 visitas que ha realizado a los centros de detención del país, donde ha entrevistado a más de 410 personas privadas de libertad”.
“En el país no existen personas detenidas arbitrariamente. Todas y cada una de las personas privadas de libertad se encuentran sujetas a procesos penales conducidos por los órganos del sistema de justicia, con todas las garantías para un juicio justo, sobre la base del debido proceso y el legítimo derecho a la defensa”, ha agregado.
Asimismo, ha criticado que la oficina “ceda sistemáticamente a las presiones de aquellos sectores que pretenden seguir utilizando el tema de los Derechos Humanos con fines políticos”, al tiempo que, ha denunciado, “invisibiliza las reformas estructurales adoptadas por el Estado venezolano para fortalecer los derechos de las personas privadas de libertad”.
Por ello, el Ministerio de Exteriores venezolano ha llamado a la oficina a “honrar la verdad y ajustar su desempeño a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos y diálogo constructivo”, cuestiones que ha reivindicado como “requisitos indispensables” para “mantener y profundizar las relaciones de cooperación y asistencia técnica actualmente existentes”.
Organizaciones de Derechos Humanos han señalado al Gobierno de Venezuela por la muerte de Baduel, al igual que la oposición venezolana, mientras su familiar ha lamentado que se enteró del deceso a través de anuncio del fiscal, que se realizó a través de Twitter.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó acusó el martes al Ejecutivo de Nicolás Maduro de “asesinar” a Baduel tras doce años de “brutal sufrimiento” en la cárcel, en los que, apuntó, fue “torturado y se le negó atención médica”.
Baduel asumió la cartera de Defensa entre 2006 y 2007, bajo la Presidencia de Hugo Chávez. Sin embargo, en 2010 fue condenado por sustracción de dinero de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y por abuso de poder.
Después de pasar casi siete años en la prisión militar de Ramo Verde, en 2015 fue puesto en libertad condicional, pero dos años más tarde, en enero de 2017 le fue revocada. En marzo de ese mismo año, un día antes de que definitivamente cumpliera su condena, el Gobierno presidido por Nicolás Maduro lo acusó de traición a la patria e instigación a la rebelión.
Con información de Europa Press