Panamá anunció el pasado jueves 24 de agosto que tomará medidas “contundentes” para frenar la ola migratoria que trata de llegar a Estados Unidos por la inhóspita selva del Darién, en la frontera con Colombia, según señalaron sus autoridades. También denunciaron una supuesta falta de cooperación internacional.
“La comunicación y el manejo que ha tratado de darle Panamá (a la migración) a través de la cooperación internacional ha caído en oídos sordos, hay países del sur que no le están prestando la debida responsabilidad a este tema”, dijo en conferencia de prensa el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, en una clara alusión a Colombia.
“Lógicamente, Panamá debe tomar sus decisiones internas y externas”, comentó Pino, quien agregó que, así las cosas, su país adoptará “medidas y acciones contundentes” para frenar la migración, aunque no dio detalles.
Según datos oficiales, en lo que va de año más de 307.000 personas han cruzado el Darién, una cifra superior a la de todo el año 2022, cuando 248.000 migrantes hicieron esa travesía.
Ya a comienzos de agosto, el país centroamericano había planteado las mismas inquietudes al respecto.
La situación, “en vez de mejorar, ha empeorado pese a las negociaciones con Colombia”, declaró en ese momento la directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine, a periodistas. “No se ha llegado a acuerdo, no se ha compartido información ni ha habido gestiones que pudieran ayudar a Panamá a manejar el flujo irregular, que se ha incrementado considerablemente en los últimos días”, dijo la funcionaria.
“Siguen enviando indiscriminadamente, no solamente el personal de flujo de otros países, sino también ciudadanos colombianos”, resaltó. “Hemos estado deportando la mayoría de ellos con antecedentes criminales”, agregó la funcionaria.
En abril, Colombia, Panamá y Estados Unidos —aliados en el tema de seguridad, como países de tránsito o destino de los migrantes— anunciaron una campaña conjunta para enfrentar las redes de tráfico ilegal de personas que operan en la porosa frontera colombo-panameña en un intento de acabar con el flujo migratorio en 60 días.
Más de un mes y medio después, Panamá hizo un operativo con más de un millar de agentes de seguridad, migración y personal judicial en el Darién, pero el tránsito no se detuvo.
Ahora, aunque el Gobierno panameño no fue específico, se cree que sus próximas “medidas contundentes” abarcarán la militarización de la frontera con Colombia, que se extiende a los largo de 266 kilómetros de manigua espesa.
Al respecto, no se ha conocido un pronunciamiento oficial del Palacio de San Carlos, en Bogotá, desde donde se rigen los destinos de la política exterior colombiana.
Sin embargo, ello no significa que la cartera no se haya dado por enterada, sino que no se ha emitido ninguna respuesta en vista de que Panamá no le ha hecho llegar a Colombia sus inquietudes de manera oficial, de acuerdo con medios locales.
De todos modos, el anuncio panameño no ha dejado de producir preocupación, dado que con la militarización se desataría una nueva crisis humanitaria en el Darién. Esta región, además de afrontar el problema de la migración ilegal, es un foco de inseguridad y violencia por vivir bajo el control de organizaciones ilegales como el Clan del Golfo.
De acuerdo con organizaciones humanitarias, si Panamá militariza la zona, las miles de personas que a diario se arriesgan para seguir su camino hacia el norte se quedarían detenidos en municipios con condiciones precarias y que no cuentan con el músculo suficiente para darles atención y defender sus derechos humanos.
Asimismo, de manera extraoficial circula cuál podría ser el origen del anuncio de Panamá y es cierta molestia en torno a la relación tripartita entre ese país, Colombia y Estados Unidos alrededor del tema de los migrantes.
Al parecer, la nación del istmo resiente el hecho de que Colombia y el país del norte mantengan un trato más fluido al respecto de ese tema, a pesar de que hay unos acuerdos de trabajo entre los tres componentes.
De hecho, en el encuentro de abril pasado las tres naciones acordaron “combatir las redes de tráfico y trata de personas en el Darién en corredores terrestres y marítimos donde mueren y son explotadas personas vulnerables”, en primer término.
Igualmente, quedaron en establecer nuevas formas legales y flexibles en aras de reducir la migración irregular.
Por último, se comprometieron a desarrollar acciones para bajar los índices de pobreza en la zona, optimizar los servicios públicos, favorecer la creación de empleo, objetivos que deberían involucrar alianzas internacionales y la integración del sector privado y la banca.
Con información de AFP y AP.