La Asamblea Nacional venezolana, de mayoría oficialista, anunció este miércoles, 28 de febrero, que entregará a la autoridad electoral un documento sobre las condiciones de las próximas elecciones presidenciales que incluye más de 20 fechas posibles.
El presidente de la Asamblea Nacional y cercano colaborador del mandatario Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, indicó que tras nueve rondas de diálogo con sectores políticos, sociales, religiosos y económicos generaron cientos de propuestas, además de 27 fechas para los comicios de este año, que van desde la última semana de marzo hasta principios de diciembre.
Se espera que la propuesta, suscrita por los representantes de 127 sectores y que originalmente se focalizaba en proponer una fecha consensuada para los comicios, sea presentada en los próximos días al Consejo Nacional Electoral (CNE). El escrito insta a las autoridades electorales a anunciar una fecha a más tardar el 31 de marzo.
“Es mentira que intentamos sustituir” al CNE, que se encarga de organizar los comicios nacionales, estatales y municipales. “Nosotros hacemos propuestas”, pero el Consejo “es el único poder capacitado para convocar elecciones. Por eso hemos decidido incorporar todas las fechas que se propusieron”, acotó Rodríguez.
La Constitución venezolana contempla cinco poderes del Estado, incluido el Poder Electoral, en el que los aliados del oficialismo son mayoría desde hace más de dos décadas.
En lugar de proponer una fecha como tal, “vamos con un documento base que nos permita avanzar en otras propuestas”, aseveró Rodríguez, acotando que las discusiones continúan. “Habrá una elección presidencial venciendo esas voces que decían que el objetivo era suspender el proceso”.
Elecciones en el segundo semestre de 2024
En caso de que la fecha que se escoja sea antes del 1.° de julio, el Gobierno estaría violando el acuerdo suscrito con la oposición en octubre en la isla caribeña de Barbados, que contempla elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024, y trabajar en un plan que genere las condiciones políticas para realizar comicios libres y competitivos. El mandato de Maduro concluye a principios de 2025.
Entre las garantías electorales incluidas en la propuesta figura “la igualdad en la participación en los medios y redes sociales” sin importar el tamaño de los partidos. También que las autoridades electorales elaboren una normativa para el funcionamiento de las redes sociales en la campaña, independiente de las normas que tradicionalmente rigen sobre los medios de comunicación radioeléctricos e impresos.
Por años, misiones internacionales de observadores han denunciado irregularidades que afectan la igualdad de condiciones para competir en los procesos electorales de Venezuela, como la inhabilitación de candidatos de la oposición, el uso de recursos del Estado en la campaña y un acceso desigual a los medios de comunicación.
El documento no menciona acciones sobre la participación de candidatos a quienes la Contraloría General, controlada por el Gobierno, ha inhabilitado para postularse para cargos públicos como María Corina Machado, la candidata unitaria de la oposición.
A finales de enero, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la inhabilitación por 15 años para el ejercicio de cargos públicos impuesta a Machado, quien ganó las primarias presidenciales de la oposición en octubre con más del 90 % de los votos.
También contempla una propuesta para establecer un esquema de apoyo financiero a los partidos políticos y candidatos, pero sin dar detalles de la forma de financiamiento.
El Acuerdo de Barbados
Según el Acuerdo de Barbados, Maduro y la oposición acordaron trabajar para definir condiciones para garantizar que las elecciones fueran justas y transparentes, así como permitir que los potenciales candidatos presidenciales apelasen sus inhabilitaciones.
Tras el acuerdo, la administración del presidente estadounidense, Joe Biden, anunció en octubre la flexibilización parcial de las sanciones al petróleo, al gas y minero venezolano.
Sin embargo, después de que el Tribunal Supremo ratificara en enero la inhabilitación de Machado, Washington respondió revocando el alivio concedido a la empresa minera estatal Minerven. Además, dijo que Maduro tenía hasta abril para cumplir las condiciones del acuerdo electoral o perdería más beneficios.
Durante un acto de Gobierno televisado en la noche del miércoles, Maduro afirmó que el acuerdo suscrito el miércoles recoge lo mejor del Acuerdo de Barbados, “pero es mucho más amplio” porque incorpora a todos los sectores sociales del país y a “43 partidos políticos legalizados en el Consejo Nacional Electoral”.
Algunos de esos partidos están ahora dirigidos por disidentes de la oposición, luego de que el máximo tribunal les entregara la dirección, símbolos, colores y tarjetas de tres de los grandes partidos opositores: Primero Justicia, Acción Democrática y Voluntad Popular.
Los puntos del Acuerdo de Barbados, entre otros, fueron “integrados a este acuerdo global, integral, amplio”, aseguró el mandatario.
*Con información de AP.